La duda aflora entre el secesionismo, pero el Gobierno tampoco tiene garantizado el éxito con la aplicación estricta de la ley
16 oct 2017 . Actualizado a las 08:04 h.Vértigo. Vértigo independentista, pero también vértigo del Gobierno. Ese es el ambiente en el que España afronta una de esas semanas que figurarán en los libros de historia que los niños catalanes y del resto de España estudien dentro de cien años. El discurso de la independencia de quita y pon que Carles Puigdemont pronunció el pasado martes en el Parlamento catalán dejó helado el corazón de cientos de miles de acérrimos secesionistas a los que insensatamente se había convencido de que era posible acostarse un lunes formando parte de España y levantarse un martes siendo un Estado independiente y plenamente funcional. Pero evidenció también que tanto Puigdemont como Oriol Junqueras avanzan en realidad a ciegas y sin un plan concreto, pretendiendo hacer camino al andar. El problema es que el Gobierno, que lleva años estudiando todas las variables y planeando respuestas para cada una de ellas, tiene claro qué hacer ante cualquier eventualidad, pero no adónde conduce finalmente cada una de las posibles combinaciones de hechos políticos.
Empieza a resultar obvio que tanto el PDECat como ERC son conscientes de que haber llegado hasta el final de la mano de la CUP no ha sido la mejor de las opciones, porque mientras los dirigentes de Junts pel Sí se juegan su futuro, su libertad y su patrimonio en caso de mantener el órdago, los antisistema que los empujan hacia el abismo son los únicos que pueden salir indemnes de esta tragedia política. Y algunos empiezan a considerar ridículo que, si Puigdemont responde hoy que sí o que no sabe no contesta (el no está descartado), tanto él como Junqueras afronten el camino del banquillo mientras Anna Gabriel y los suyos de la CUP se van de rositas y, además, se hacen dueños de la calle en los días de furia que aguardan en Barcelona.
Pero si entre ese secesionismo que presume de tener tablas de Excel para manejar el plan A, el B y el C todo empiezan a ser dudas, en el Gobierno tampoco son todo precisamente certezas. Cuando uno tiene un arma (y perdón por la metáfora) tiene que estar dispuesto a utilizarla. Es decir, si se amenaza con el 155, luego es obligado aplicarlo. Y si en las filas secesionistas están los insensatos, los posibilistas y los prudentes, en el Gobierno y en el PP están también los optimistas y los pesimistas. Como principio político, y hasta ético, todos están de acuerdo en que a un Estado de derecho no le cabe otra respuesta a quien pretende acabar con él que aplicar lo que dicta la Constitución. Es decir, que si hoy Puigdemont responde lo que va a responder (cualquier cosa menos un no rotundo) no cabe otra que aplicar el artículo 155, inhabilitar de hecho al presidente de la Generalitat y conducir a Cataluña a unas elecciones autonómicas con plenas garantías democráticas para todos. Pero están también, y no son pocos, los que creen que si el independentismo pone a un millón de personas en la calle es imposible entrar a sangre y fuego a detener a Puigdemont y arrancarle de las manos el BOE catalán. Lo que ocurra a partir de hoy es tierra ignota. Pero la esperanza del independentismo es que en el Gobierno los pragmáticos se impongan a los idealistas.
La posición que adopten los Mossos vuelve a ser clave
El mayor error de Mariano Rajoy en todo el proceso de intento secesionista en Cataluña, reconocido en las propias filas del PP y del Gobierno, fue confiar en que los Mossos acabarían por acatar las órdenes de los jueces de impedir que se celebrara el referendo ilegal del 1 de octubre. A pocas horas de que se consume el primer ultimátum del Gobierno, los Mossos vuelven a ser la clave de todo el proceso. Nadie confía ya en que se pongan del lado de la ley, y menos si hoy la Audiencia Nacional adopta medidas cautelares contra el mayor Trapero. La duda es ahora si la insensatez de quienes tienen el mando de la policía autonómica llegará a tratar de hacer uso de la fuerza para impedir que se cumpla la Constitución.
Cataluña nunca necesitó tanto a España como ahora
Más allá de los argumentos políticos, el razonamiento que está manejando el Gobierno para explicar la sinrazón del estallido independentista a los medios y Gobiernos extranjeros que tienen la tentación de comprar el relato victimista de los secesionistas es que no hay nada que haya sucedido en los últimos años que justifique un giro tan brusco en las filas del nacionalismo catalán. Ni afrenta, ni humillación, ni recorte de competencias. Al contrario, jamás ha tenido Cataluña mayor autogobierno que ahora y, sobre todo, jamás ha tenido mayor dependencia económica de España una Cataluña que en los últimos años ha pedido 70.000 millones de euros a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
Dos escenarios en función de quién llame a las urnas
¿Qué ocurre si en Cataluña acaban convocándose unas nuevas elecciones autonómicas, lo que en realidad es la salida más posible y la más lógica ante una crisis política como la que vivimos? La respuesta difiere mucho en función de que esos comicios sean convocados en forma de elecciones constituyentes por parte de un independentismo victimizado o por el Gobierno después de aplicar el artículo 155. En el primer caso, una probable victoria por mayoría absoluta del secesionismo reforzaría su posición. En el segundo, unas elecciones boicoteadas por el independentismo darían lugar a un Gobierno catalán que no reconocería la mitad de Cataluña y a una crisis de muy compleja solución.