Antes de cargar de razones la aplicación del 155 y ante la convocatoria de elecciones en Cataluña en 52 días, pregunto: ¿Por qué el Gobierno ha permitido que esto llegase tan lejos? ¿Por qué -y quiénes son los responsables- no se aplicó el 155 el seis de septiembre, fecha de la ignominia antidemocrática en el Parlament? ¿Se imaginan ustedes a Merkel consintiendo tal oprobio (no olviden que, aunque ilegal e ilegítima, los secesionistas han declarado la independencia)? ¿Por qué la Justicia aún no ha actuado con contundencia? ¿Si esto es un golpe de estado, así lo definimos algunos columnistas y muchos políticos, por qué los golpistas aún están en la calle? ¿En qué difiere, en objetivos, la propuesta electoral del jueves de Puigdemont y la propuesta de Rajoy del viernes? ¿Por qué se asume ahora este riesgo cuando antes no se tomó ninguno? ¿Es consciente el Gobierno que decir que vería «con agrado» que Puigdemont se presentase a las elecciones es un insulto vergonzante a los españoles que sí cumplen la ley? ¿Cómo actuarán los independentistas, o acaso piensan que lo pondrán fácil cuando nunca antes lo hicieron? Y dicho esto, voy a lo sustantivo. El Gobierno ha actuado en legítima defensa contra aquellos que han querido desde el primer momento jugar con España en virtud de los intereses de una minoría, mofarse de España, yuxtaponiendo sobre la esencia de sus propuestas un precepto latente: odiar a España. Y repito el sustantivo porque a España no le ha quedado más remedio que defenderse. De ahí la aplicación del 155, tardía: Rajoy es Rajoy, y esperó (para qué). En defensa de los que se han saltado todas las normas y marcos: el estatuto catalán y la Constitución. En defensa de la convivencia contra aquellos que han fracturado por muchos años las relaciones entre ciudadanos e incluso familias. En defensa de la economía que naufraga a ritmo de independencia: las empresas que se han ido de Cataluña (entre ellas todas, menos una, de las que forman parte del Ibex 35 y allá tenían su sede), el turismo que presenta cifras en descenso continuo desde que comenzó esto que yo he llamado y llamo «el delirio», el sector comercial que ha visto cómo se deteriora progresivamente el consumo (unos grandes almacenes afirman que sus ventas en Barcelona han bajado un 40 %).
En defensa, sobre todo, del sentido común. En defensa de la solidaridad entre los pueblos de España. En defensa de la equidad, o sea, de que unos no sean más que los otros por nacer en Cataluña y no en Galicia. En defensa, también, de la tolerancia y el entendimiento, frente a aquellos que practican una índole de xenofobia y supremacismo que no cabe en un prontuario de ética.
En defensa de la verdad, frente al dogma y la doctrina. El Gobierno ha actuado en legítima defensa. Yo solo lamento que lo haya hecho tan tarde.