Podemos discutir si Puigdemont, Junqueras, Forcadell y compañía cometieron o no un delito de rebelión -violento-, o de sedición -tumultuario-, o de malversación. O los tres juntos. O ninguno. Pero ese debate, que gira en torno a la interpretación del Código Penal, me parece desfasado y estéril. O bien interesado políticamente o bien jurídicamente fútil, porque el asunto ya está en manos de los jueces y son ellos los que tienen la última palabra.
Desconozco si Puigdemont y compañía han malversado caudales públicos para alimentar el procés o poner en marcha el remedo de referendo ilegal del uno de octubre. Pero sí sé que, de haberlo hecho, no es más que calderilla en comparación con el daño infligido a Cataluña y a la economía española. Son los responsables de un desfalco, que tal vez no tenga encaje preciso en el Código Penal, de proporciones mayúsculas y daños aún no contabilizados en su totalidad.
Ayer mismo asistimos a otra anotación en el debe del delirio soberanista: Barcelona ni siquiera pasa la primera criba para acoger la Agencia Europea del Medicamento (EMA). La capital española de la industria farmacéutica, nuestro núcleo puntero en la investigación genética y biomédica, cuna de científicos de reconocido prestigio internacional, se eclipsa ante ciudades como Milán, Ámsterdam o Copenhague. Esta sí que es una derrota dolorosa y humillante, y no la de Eurovisión.
El brexit del Reino Unido expulsó de Londres la codiciada agencia. Y el brexit catalán -«simbólico y meramente declarativo», en palabras de Carme Forcadell- diluyó la candidatura de Barcelona. La Torre Glòries, colosal icono que otea desde su formidable estatura -34 plantas, 145 metros de altura- la ciudad fracturada, seguirá vacía. Todo un símbolo. Ha contemplado la marcha hacia Madrid de sus antiguos propietarios, el grupo Agbar, y ha visto cómo se frustraba la llegada de los nuevos huéspedes. Ya no acogerá a los 890 científicos, médicos, farmacéuticos, veterinarios y demás eurofuncionarios que integran la plantilla de la EMA. Ni a los 36.000 cualificados visitantes que cada año acuden al centro.
Pero quizá la economía desbaratada -322 millones de euros de presupuesto, varios millares de empleos indirectos, ocupación hotelera...- sea lo menos gravoso del fracaso. Lo realmente preocupante es la devaluación de la marca Barcelona que el fracaso viene a constatar. Cataluña -y, por tanto, España- ya no es de fiar a ojos europeos. Los socios comunitarios demuestran que han perdido la confianza en Cataluña. No cabe reprochárselo. Antes que ellos la perdieron las 2.500 empresas que se fueron con su sede a otra parte. O el millar de sociedades que cambiaron su domicilio fiscal. O las compañías de cruceros que mudaron de destino. O los españoles que dejaron de consumir productos catalanes.
Proponía Espartero bombardear Barcelona cada cincuenta años. Si viviese el general, tal vez concluyese que, en el siglo XXI, de esa tarea ya se encargan Puigdemont y compañía.