Cuidado, gobernantes: los pensionistas están tomando conciencia de clase. Y de clase castigada. Hasta ahora aceptaron cinco años de subida del 0,25 % anual por tres razones: porque la inflación era negativa y eso les permitía mantener su poder adquisitivo; porque la doctrina de la austeridad era aceptada resignadamente, dada la situación económica general, y porque no había organizaciones que los movilizasen. Ahora es justamente al revés: El 2017 terminó con un alza del IPC del 1,96 %, con lo cual los pensionistas ya perdieron más de punto y medio de capacidad adquisitiva; la doctrina de la austeridad ha sido sustituida por la doctrina de la recuperación, y el pensionista tiene el mismo aumento que cuando la crisis arreciaba, y además hay organizaciones -entre ellas los sindicatos UGT y Comisiones Obreras- que los movilizan. Las manifestaciones del jueves en unas setenta poblaciones españolas han significado el paso brusco del conformismo a la protesta.
El grave problema de las pensiones se plantea así en un triple plano. Por una parte, la sostenibilidad del sistema en el futuro, con todas las incertidumbres que plantea el envejecimiento de la población y la reducción del volumen de las cotizaciones por la reducción del nivel salarial. Por otra, la insatisfacción del pensionista actual, que sostuvo el equilibrio social durante la crisis y ahora no percibe la bonanza económica. Y finalmente, las cuentas ya no salen: un déficit de 18.800 millones el año pasado, en plena creación de empleo, ha encendido todas las señales de alerta. Son tres motivos suficientes para llamar la atención de la clase política y exigirle que se siente, que revitalice el Pacto de Toledo y trate de encontrar soluciones. Las pancartas del jueves, el acceso a las puertas del Congreso a pesar del cordón policial y las quejas de ancianos a quienes le subida les supuso un ingreso de 80 céntimos anuncian incendio.
Así está el patio, después de que el gobierno ha presumido durante cinco años de ser el único que siempre subió las pensiones. Ese discurso se está agotando, por desgracia. Y se está agotando de mala manera: está siendo sustituido por la explotación de esa realidad demagógica, pero realidad, que dice que sobra dinero para rescatar bancos o autopistas y no para quienes han trabajado toda su vida. Escuché al secretario general de Comisiones Obreras que la dignificación y la seguridad de las pensiones requiere unos 30.000 millones de euros. Es una cantidad ingente. No hay de dónde sacarla. Pero convenza usted al pensionista de los 80 céntimos de subida que no hay ese dinero, si hubo el doble para rescatar a la banca. Así se manejan los estados de opinión en este país.