Vivimos en un contexto de violencia que va en aumento, tal vez no en porcentajes tan altos como en aquellos países a los que llamamos del tercer mundo, pero sí una violencia que nos hace conscientes de su aumento y que nos lleva como sociedad a un estado entre alarma, morbo y costumbre. Un «estado de alarma» así, entre comillas, porque dura dos o tres días o tal vez una semana, lo que dure la noticia en los medios.
Algo estamos haciendo mal como sociedad cuando nos olvidamos de las víctimas en pocos días, o cuando lo único que pedimos es la muerte del victimario y la dimisión del presidente del Gobierno. Claro está que no vendrían mal algunas reformas en las leyes, pero también está claro que, como seres racionales que somos, tenemos que buscar la mejor solución posible a ese incremento de la violencia en el país.
Y diréis que estoy barriendo para casa, y sí lo estoy haciendo, porque como criminóloga veo las cosas desde otra perspectiva, las analizo a detalle y tal vez no pueda ofrecer una solución pero sí una mejora a lo que estamos viviendo. ¿Por qué no lo hago?, preguntaréis algunos. Lo intento, lo intento día tras día y como muchos de mis compañeros, sin éxito alguno, porque los organismos oficiales y la propia sociedad ponen la responsabilidad en manos ajenas, sin entender que la violencia es una ola que nos envuelve a todos, no nos dan el apoyo que necesitamos, y la figura de un criminólogo hoy en día se antoja indispensable en ayuntamientos y juzgados.
El último caso que ha revolucionado a España fue el del pequeño Gabriel, ese inocente de 8 años que murió presuntamente asesinado por la pareja de su padre. ¿Cuánto tiempo nos acordaremos de él? Su familia toda la vida, porque se lo han arrebatado, pero nosotros como sociedad ¿cuánto tiempo nos va a durar la indignación por lo ocurrido? Tal vez el mismo tiempo que nos duró la indignación por la desaparición y el triste desenlace de los menores que fueron noticia desde el año 2000:
Jonathan Vega, 3 años (2000); Tamara Navas, 9 años (2001); Inmaculada Arteaga, 14 años (2001); Inmaculada Pereira, 16 años (2001); Montse Fajardo, 7 años (2002); Dónovan Párraga, 12 años (2002); Sonia Carabantes, 17 años (2003); Erika, 3 años (2003); Sin nombre, 14 años (2005); Sara Morales, 14 años (2006); Josué Monge, 13 años (2006); Yéremi Vargas, 7 años (2007); Amy Fitz Patrick, 15 años (2007); Fernanda Fabiola Urzúa, 15 años (2007); María Dolores, 14 años (2008); In-Sil Oh, 11 años (2008); Mari Luz Cortés, 5 años (2008); Marta del Castillo, 17 años (2009); Alejandra Soto-Alján, 17 años (2009); Cristina Marín, 13 años (2010); Ruth y José Bretón, 6 y 2 años (2011); Asunta Basterra, 12 años (2013); Lucía Vivar, 3 años (2017); Gabriel Cruz, 8 años (2018).
Estos son algunos de los casos que más se mediatizaron en España, se hallaron los cuerpos sin vida de la mayoría de los menores mencionados anteriormente, pero Sara Morales, Josué Monge, Yéremi Vargas y Amy Fitz Patrick siguen a día de hoy desaparecidos, del caso de Marta del Castillo sabemos que tuvo un fatal desenlace porque hay un asesino confeso, aunque su cuerpo sigue sin ser localizado. A finales del 2017, 2.273 menores permanecían desaparecidos, de los cuales 214 se consideraron de alto riesgo. ¿Cuántos de vosotros seguís indignados por estos casos a día de hoy? Tal vez algunos de los mencionados ni siquiera os suenen. No dejemos que esos menores queden en el olvido, luchemos por una mejora de la seguridad, luchemos por unas penas justas para los victimarios, pero sobre todo unámonos como sociedad y rechacemos la violencia, leamos más y juzguemos menos, analicemos en qué estamos fallando e intentemos mejorarlo.