El brutal contraste entre la imagen de varios policías locales tratando de salvar la vida al joven senegalés Mame Mbaye, derrumbado en plena calle tras sufrir un infarto, y la de los radicales de extrema izquierda que, al grito de «¡policía asesina!», arrasaron en el madrileño barrio Lavapiés todo lo que encontraron por delante vale más que mil palabras.
Los gravísimos disturbios -en toda caso, inadmisibles-, lo son mucho más si se tiene en cuenta que los gamberros izquierdistas actuaron incitados por una avalancha de mensajes extremistas en la red que tuvieron su origen en los irresponsables comentarios de varios cargos de Ahora Madrid en el ayuntamiento y de algunos dirigentes de Podemos, quienes, sin encomendarse ni a Dios ni a los santos, ni saber qué había pasado, acusaron de racista a la policía madrileña.
La actitud del podemismo, sin duda escandalosa, no debería, sin embargo, extrañar a nadie, pues, habiendo policía de por medio (local, autonómica, nacional, Guardia Civil) sus dirigentes reaccionan con el conocido reflejo condicionado de Pavlov: ante un mismo estímulo, idéntica respuesta. Y es que los de Podemos no ven en los policías (ni siquiera en los que tiene bajo su mando en los importantes ayuntamientos que gobiernan) a los servidores públicos de un Estado democrático sino a aquellos «cuerpos represivos» del franquismo de los que les hablaron sus papás o sus abuelos. Justamente por eso presume el podemismo automáticamente que la policía es culpable mientras no se demuestre lo contrario y carga contra ella en cuanto tiene la ocasión.
Y eso pese a que la realidad, que cualquiera puede en España constatar sin gran esfuerzo, demuestra de un modo inapelable que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dedican la inmensa mayor parte de su tiempo y sus esfuerzos a luchar contra el delito, proteger las libertades y asistir a quienes viven en España en las constantes ocasiones en que su ayuda es requerida.
Salvar a los balseros dejados en medio del mar a su suerte por las mafias, perseguir a violadores y pedófilos, luchar contra el narcotráfico, poner cerco a la pornografía infantil, proteger a las mujeres y los niños víctimas de violencia machista, socorrer a quienes se pierden en el monte o sufren en la nieve una avalancha, salvar de las aguas a los que sufren una inundación, poner fuera de peligro a quienes se ven acosados por el fuego. Todo eso y mucho más hacen día tras día las fuerzas y cuerpos de seguridad, que también, en ocasiones, y como ocurre en todos los Estados democráticos, actúan en la función represiva de mantenimiento de la paz y la seguridad públicas, cuando son requeridas para ello por las autoridades políticas a cuyas órdenes actúan.
Vigilar la actuación policial, para evitar abusos y sancionar los excesos que pudieran producirse es indispensable. Presuponer que los policías son en España los verdugos de las libertades constituye sencillamente una villanía.