Tras dos meses y medio de huelga, y sin atisbarse solución a corto plazo, cabe preguntarse a quién puede beneficiar este parón de los funcionarios de Justicia que no hace más que ralentizar el ya de por sí tedioso funcionamiento de una Administración que parece que a nadie o a muy pocos interesa. La compleja coexistencia en los juzgados de personal dependiente de distintas administraciones hace que la convivencia sea en ocasiones complicada y que surjan, de manera inevitable, las comparaciones, ya no solo con los propios compañeros de juzgado, sino también con aquellos que ejercen o tienen plaza en otras comunidades que, con la misma categoría profesional, tienen unos emolumentos distintos a los que reciben los que prestan sus servicios en Galicia. Bien es cierto que esto no pasa solo con los funcionarios de Justicia, sino que afecta también al personal sanitario, estatutario, etc, lo que no deja de sorprender, ya que fomenta la desigualdad en un país presuntamente igualitario pero que, sin embargo, presenta notables y muy lamentables contrastes. Así las cosas, los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial; los letrados, de la Administración de Justicia del Estado; y, el resto de funcionarios, de la administración autonómica que tiene cedidas competencias en esta materia. Y esta es la paradoja, que unos pueden querer trabajar, pero no pueden hacerlo porque se topan en el mismo hábitat con otros que han tomado la determinación de ejercer su derecho de huelga. Y estos últimos, después del tiempo transcurrido, van a ver muy difícil el resarcimiento de todo lo que han perdido durante la sustanciación de la misma, incluso aunque vean estimadas sus pretensiones.
Por ello reflexionaba antes sobre a quién beneficiaba esta situación, porque no encuentro a nadie que pueda resultar favorecido. Y sí a muchísimas personas que resultan claramente perjudicadas. Así, desde los profesionales que trabajamos en los juzgados (abogados y procuradores principalmente, pero también peritos, testigos que se desplazan y pierden su tiempo...), hasta los ciudadanos de a pie, que ven como sus anhelos de obtener la necesaria tutela judicial quedan seriamente comprometidos por el inefable paso del tiempo, por la incertidumbre jurídica que de ello se deriva y por esa dilación que ya se torna en injustificable. A punto de cumplirse el primer cuarto del siglo XXI, en una época de consolidación tecnológica, en la que la administración tributaria, la de Seguridad Social, incluso la sanitaria, funcionan de manera rápida y muchas veces eficaz, sobre todo en funciones recaudatorias, la de Justicia aparece como la hermana pobre que a nadie preocupa, ni siquiera a las instituciones ni a muchos de los agentes que en ella intervienen, todos los cuales vemos como la misma se ralentiza hasta el colapso, sin que nada ni nadie ponga remedio, ya no solo para su mejora, sino simplemente para su normalización. Con este conflicto todos perdemos.