El populismo ya llega al Poder Judicial

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño A CONTRACORRIENTE

OPINIÓN

13 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Es una práctica aberrante que se repite cíclicamente y a la que los españoles deberíamos estar ya acostumbrados. Pero me resulta imposible no escandalizarme cada vez que se produce. De nuevo, en contra del espíritu y la letra de la Constitución, los partidos no solo nos anuncian un acuerdo para repartirse los sillones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que con absoluta desvergüenza adelantan ya quién ocupará la presidencia, que lleva aparejada la del Tribunal Supremo. No se trata aquí de discutir el actual procedimiento de elección de los miembros del CGPJ, de hecho muy discutible. Ni de cuestionar la competencia del magistrado Manuel Marchena para ocupar ese cargo. Al contrario. Pero en nada ayuda a su imagen de independencia, ni a disipar el convencimiento ciudadano de que la Justicia está politizada, el hecho de que su nombramiento se anuncie antes incluso de conocerse quiénes formarán el CGPJ. Y ello es así porque, al menos esa, es una decisión que no corresponde constitucionalmente a los partidos, por mucho acuerdo político que alcancen.

El artículo 123 de la Carta Magna deja claro que «el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley». Y, según la ley, son los 20 vocales que sean designados para el CGPJ los que libremente deberían elegir por una mayoría de tres quintos a su presidente. Si el PSOE y el PP se atreven a adelantar el nombre de Marchena y a hablar de que a cambio la izquierda se garantiza la mayoría del CGPJ, es porque tienen la seguridad de que aquellos a los que promuevan para el consejo a través de las Cortes obedecerán sus instrucciones a la hora de votar. El CGPJ, cuya misión es precisamente garantizar la independencia de la Justicia frente al poder político, queda reducido así a una mera representación a escala del Parlamento, en la que se habla sin pudor de jueces «conservadores» o «progresistas». No ya en el Poder Judicial, sino en los propios juicios. Y así, se dice ya sin tapujos que la obligada salida de Marchena del tribunal que juzgará el golpe independentista en Cataluña y la incorporación al mismo de la jueza Susana Polo hace que el juicio del procés vaya a pasar de estar controlado por una mayoría «conservadora» a una «progresista».

Todo este deprimente panorama habitual se completa en esta ocasión con el hecho de que, gracias a la precariedad política de Pedro Sánchez, el populismo llegue también al máximo órgano de los jueces, en el que aspira a tener cuatro asientos. Dice Pablo Iglesias que entra en ese mercadeo de jueces, aunque no le gusta el método. Y tiene razón. Él ya dejó por escrito en el 2016 su concepto de la Justicia. Cuando se veía como vicepresidente, exigió a Sánchez que todos los miembros del Constitucional, el CGPJ, la Fiscalía, y hasta las confederaciones hidrográficas, deberían ser obligadamente personas «comprometidas con el programa del Gobierno» que aspiraba a formar. A él no le valen ya jueces «progresistas». Lo que él querría son marionetas.