En un estupendo reportaje publicado el domingo pasado por mis compañeros Iago García, Senén Rouco y Óscar Ayerra se explicaba perfectamente cuál es el problema de la automoción eléctrica. No es el coche, con el que es una delicia circular (sin más ruido que el de rodadura y con la tranquilidad moral que da el saber que no emitimos gases nocivos a la atmósfera) y que encima ofrece prestaciones superiores a los vehículos con motor de combustión, con aceleraciones de vértigo. Tampoco las baterías de litio, porque la autonomía que garantizan es directamente proporcional al número de celdas de litio que contienen: si queremos recorrer más kilómetros, basta con montar una batería más grande. El problema principal es la ausencia de una red amplia de puntos de recarga, así como la diversidad de conectores y la baja potencia de salida de algunas electrolineras.
Lo de los enchufes es responsabilidad de la industria, y solo hace falta ver lo que se tardó en disponer de un puerto de carga unificado en la telefonía móvil (el USB-C, que ha acabado adoptando incluso el verso suelto de Apple) para darnos cuenta de que todavía queda mucho por delante.
Pero la inexistencia de puntos de recarga suficientes para que el coche eléctrico pueda ser una opción viable más allá del entorno urbano debe anotarse directamente en los errores del Gobierno (de todos los gobiernos desde que hace una década se empezaron a comercializar este tipo de automóviles). Frente al centro y el norte de Europa, donde ya existe una auténtica telaraña de electrolineras, en España no se puede salir de viaje en un e-car sin tener que dar un largo rodeo para encontrar un surtidor de energía o buscar un concesionario de la marca que tenga un supercargador. Por eso mismo, las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, marcando la fecha de defunción del diésel y de todo aquello que no sea eléctrico suenan a empezar la casa por el tejado.