La convocatoria de la mayor parte de huelgas y paros en los servicios de transporte y sus auxiliares en tiempo de vacaciones o festivos no solo es oportunidad para amplificar la protesta, sino, a veces, abuso. De la patronal y de las organizaciones sindicales. La toma como rehenes de los que son usuarios cautivos rara vez agita la protesta más allá de la rabia y el resentimiento. Semejante desamparo se da con la ‘libertad de mercado’ tan beneficiosa para las compañías aéreas. Libertad que les permite incrementos abusivos de los precios en fechas de mayor demanda -un billete de Barcelona a Vigo para el 20 de diciembre, a fecha de hoy, 205 euros-, o eliminar vuelos en temporada baja. Con viajeros prisioneros de servicios liberalizados.
Coinciden estos días tres hechos relevantes. En primer lugar, la ley de Acción Exterior que elabora la Xunta y que permitirá a la Administración autonómica fiscalizar las subvenciones a aerolíneas que conceden los ayuntamientos. En segundo lugar, la denuncia y análisis de un think-thank, o quizá lobby, Transport and Environment, que vincula, con razón o sin ella, las subvenciones públicas en aeropuertos de baja rentabilidad, muy centrado en los vuelos de Ryanair o Easyjet, con el aumento de las emisiones del CO2 de la aviación europea. Y por último, las estadísticas de pasajeros en los primeros siete meses de este año en los aeropuertos españoles.
En el conjunto de aeropuertos españoles de Aena los pasajeros superaron los 157 millones de viajeros en los siete meses del 2019, de los que tres millones lo hacen a Galicia. De ellos Lavacolla se lleva el 55 %, Alvedro el 26 % y Peinador apenas el 20 %. Con la particularidad que mientras Lavacolla y Alvedro crecen en pasajeros respecto al año anterior, las pérdidas de Peinador son del 4,5 %. Hecho que coincide con la ruptura del convenio entre Concello y Ryanair, con el consiguiente déficit de viajeros, sobre todo de Barcelona, que se ven sometidos al monopolio de Vueling, y a tener que acudir a Lavacolla u Oporto para sus desplazamientos.
La planificación y gestión aeroportuaria de Galicia va camino de convertirse en un mal mayor para los gallegos expatriados, no librará a los aeropuertos gallegos de la competencia del aeropuerto de Oporto con cuatro veces más pasajeros que todos los gallegos, o nos volverá a traer aquellos antiguos vuelos chárter de Ginebra o Hamburgo por Navidades y verano para que los gallegos emigrados pudieran llegar a su país.
Por ello, que la Xunta haga una ley para controlar a los ayuntamientos en sus campañas turísticas con las aerolíneas, eufemismo de incentivo o subvención a aeropuertos de baja rentabilidad, olvidándose de la articulación del transporte en un país cargado de identidades, no resuelve el problema del transporte por avión a Galicia ni el de los pasajeros que desean venir a su tierra. Seguiremos en la confrontación, sin solución ni provecho para los viajeros. ¿Esperando a Portugal?