Violar la Constitución no sale gratis

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño A CONTRACORRIENTE

OPINIÓN

SEÑAL DE TV DEL TRIBUNAL SUPREMO

15 oct 2019 . Actualizado a las 00:55 h.

La condena por sedición y malversación a los principales líderes secesionistas culmina un proceso judicial desarrollado con las máximas garantías democráticas y supone un triunfo del Estado de derecho frente a quienes lo han conculcado con su contumaz desprecio a la Constitución. Violarla no sale gratis. Pese a descartar la rebelión, la sentencia deja claro que existió violencia, lo que destruye el falso discurso pacifista del independentismo. Cualquier decisión que hubiera adoptado el tribunal podría haber sido objeto de crítica. Pero la primera obligación de un demócrata es acatar las sentencias. La reacción de los líderes secesionistas al fallo del Tribunal Supremo, calificándolo de «venganza política» y llamando a la desobediencia, deja claro que son los independentistas los que se sitúan fuera del Estado de derecho con su peculiar sentido de la Justicia, que solo es válida si les da la razón.

Por ese mismo motivo, están también fuera de lugar las reacciones que cuestionan la sentencia interpretando que el tribunal ha cedido a las presiones de los secesionistas o a los intereses del Gobierno al rechazar el delito de rebelión. Además de ser dañinas e injustas, porque cuestionan la separación de poderes, esas interpretaciones resultan absolutamente incongruentes porque en muchos casos son formuladas por los mismos que durante el proceso alabaron la independencia y la extraordinaria labor del juez Manuel Marchena, presidente del tribunal, a la hora de conducir el juicio con firmeza, pero también con absoluto respeto a las garantías democráticas.

Conviene recordar que la Constitución española establece en su artículo 25.2 que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». No parece desde luego que las penas impuestas vayan a cumplir su misión constitucional desde el momento en el que los acusados, ya condenados, insisten en que lo volverían a hacer. Y por ello, no solo debe descartarse cualquier medida de gracia como el indulto, sino que resultaría también inconveniente que mientras mantengan esa actitud accedieran a beneficios penitenciarios que vayan más allá de los que les correspondan por la aplicación automática de la ley

Quizá más importante que la duración de las penas de prisión dictadas o el tipo de delito por el que se imponen resulta el hecho de que llevan aparejadas la inhabilitación, por lo que los que han pisoteado la democracia no podrán volver a ser, durante un largo período, actores de la política ni protagonistas de lo que debe ser la recuperación de la convivencia en Cataluña. Lo cual es un claro aviso de lo que les espera a quienes pretendan seguir por ese camino.

Una vez que la Justicia ha hecho su trabajo, resulta absolutamente imprescindible la unidad de los partidos democráticos ante cualquier decisión que deba tomarse si la Constitución vuelve a ser conculcada en Cataluña. Y también es exigible que ningún partido utilice esta sentencia con fines políticos de cara a las elecciones. Algo que, desgraciadamente, empieza a suceder.