Chile está en crisis. La institucionalidad vigente no resiste más. El modelo económico y social está siendo muy criticado en grandes manifestaciones que se han prolongado por un mes.
Cuando estudiantes de secundaria un 15 de octubre cometieron el irreverente paso de saltarse los torniquetes de entrada al metro de Santiago de Chile, nunca imaginaron que su acción y la violenta represión que sufrieron de parte de carabineros de Chile iban a dar paso a la más grande movilización de los 40 últimos años. Esta ha tenido dos variantes. Una pacífica, inorgánica, sin participación activa de partidos políticos, llenando las calles de todas las principales ciudades. Incluso cuando el Gobierno decretó estado de emergencia, permitiendo por primera vez en tiempos de democracia la salida de militares para custodiar los espacios públicos, las calles fueron ocupadas diariamente por multitudes que enarbolaban banderas chilenas y del pueblo mapuche, junto a consignas y demandas que pedían profundos cambios sociales. La otra manifestación que ha caracterizado estos días es la violenta, tan inorgánica como la anterior, que asalto y quemó estaciones del metro, cadenas comerciales y pequeños negocios. Los primeros han sido millones de personas en las calles. Los segundos, pequeños grupos cuyo propósito no ha podido ser determinado. Si es político, no se sabe quién lo organiza. Si no lo es, es posible que el crimen organizado y las mafias de la droga lo estén incentivando.
Chile celebró el año pasado 200 años de régimen independiente. En estos dos siglos de vida autónoma el país ha vivido diversas situaciones conflictivas. Guerras, civiles y con países vecinos, golpes de Estado, masacres de obreros, campesinos y estudiantes han marcado esta historia.
Cada una de ellas ha estado acompañada de soluciones institucionales que han permitido dejar atrás esos desastres, han permitido ir creciendo en su orden institucional. Estos modelos han estado muy vinculados a sus relaciones con Europa y Estados Unidos y cada una de esas transformaciones han estado influidas por las doctrinas imperantes en estos referentes.
Una característica central de esos procesos institucionales ha sido la inexistencia de procesos de participación ciudadana. Cada uno de los diez textos constitucionales ha sido elaborado en procesos elitistas, producto, en el mejor de los casos, de acuerdos entre diferentes fuerzas políticas en disputa, dejando de lado cualquier proceso de consulta popular en cada uno de ellos.
El mayor fraude constitucional ocurrió en 1980, en plena orgia represiva del régimen dictatorial de Augusto Pinochet, quien tuvo la desfachatez de convocar un plebiscito en momentos en que las libertades de la ciudadanía estaba absolutamente conculcadas: el asesinato, la tortura y la desaparición de personas era un modelo sistemático que impedía cualquier posibilidad de debate y resolución democrática. Ésta es la Constitución que, con algunas reformas, rige Chile hoy en día.
Frente a la profundidad de la crisis, las instituciones del Estado han sido permanente superadas. Cada una de las propuestas de reformas políticas y sociales presentadas por el Gobierno de derecha de Sebastián Piñera ha sido superada por las demandas y las movilizaciones. Las protestas inorgánicas del comienzo pudieron con el correr de los días empezar a manifestarse en forma más concreta. El cambio, no la reforma de la actual Constitución Política de la República, sorpresivamente fue el catalizador de la protesta.
Ante la escalada violenta, el Gobierno solicitó el pasado miércoles que se hiciese un esfuerzo para avanzar hacia la paz, la justicia social y, por primera vez, se abrió y solicitó que el Congreso impulse el cambio de la Constitución.
Jueves y viernes recién pasados fueron días intensos en el Congreso. Las negociaciones de casi todas las fuerzas políticas allí representadas se sucedían a la vista de las cámaras de televisión. El viernes de madrugada se anunció el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Declara, en lo sustancial, que en abril del próximo año se convocará a un plebiscito para solicitar a la ciudadanía que se pronuncie si acepta o rechaza el cambio de la Constitución; y si es así, simultáneamente, que elija entre una convención constituyente que elija al cien por cien de delegados entre los ciudadanos, o una convención mixta que estaría constituida por un 50 % de delegados electos y un 50 % elegidos entre los parlamentarios en ejercicio. El acuerdo agrega que el trabajo de esa constituyente, que durará nueve meses, será sometido a un plebiscito que apruebe o no la propuesta del constituyente. Se fijaron los momentos de estas elecciones, que ocurrirán durante el próximo año. Importante fue la decisión de que la nueva Constitución se escribirá sobre una hoja en blanco, rechazándose el primer intento de los partidos de gobierno de que el texto de la actual Constitución permanecerá si no se alcanzan los 2/3 en los artículos puestos en votación. El desbloqueo decisivo, que permitió el acuerdo, fue que se mantuvo el quórum de los 2/3, pero sobre la base de que la Constitución se escribirá en blanco, esto es, que la actual Constitución no operará en caso de no alcanzarse el quórum exigido.
En definitiva, el acuerdo es procedimental. Habiendo acuerdo político, no podemos decir que haya acuerdo social. Las reacciones de los manifestantes ha sido muy crítica, especialmente hacia los partidos de izquierda que han firmado el acuerdo. La causa, que el acuerdo no hace ninguna mención a los temas de fondo de las demandas: las reformas sociales, políticas, económicas y culturales que la sociedad civil está exigiendo.
El acuerdo es un paso positivo. Las encuestas muestran un amplio apoyo a la puerta que se abre. También existe un amplio consenso en que, mientras se desarrollan los pasos hacia la nueva Constitución, es urgente comenzar a legislar cambios inmediatos respecto del modelo de salud y educativo, el sistema de pensiones, la brecha salarial, la regresiva carga impositiva, la crisis ambiental, solo por nombrar algunas de las materias que están siendo cuestionadas.
La movilización continuará, no tuvo fecha de inicio y menos tendrá fecha de término. Las evidentes e internacionalmente reconocidas violaciones a los derechos humanos que Carabineros de Chile ha ocasionado en la población -ocho muertos, 6.000 personas detenidas, 2.500 heridas, 200 de ellas, jóvenes con lesiones oculares irreparables ocasionadas por balines disparados por la policía, cientos de mujeres violadas sexualmente- son un reclamo extendido que aún no obtiene una respuesta efectiva del Gobierno. La instalación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación por estas violaciones es una demanda que en los últimos días acompaña a las sociales.
Diputados de un sector de la oposición han presentado una acusación constitucional contra el presidente Piñera. Está fundada en las violaciones a los derechos humanos protagonizadas por agentes del Estado chileno. En la práctica es un acto politico/ético de los demandantes, por cuanto consideran que el Piñera es el principal responsable del actuar de Carabineros de Chile. La acusación no tiene piso político para prosperar, se requiere de un quórum de 2/3 de los senadores en caso de que prospere en la Cámara de Diputados. Pero su presentación tiene por objeto salir al paso de la acusación que ha habido sobre los firmantes del acuerdo de que este constituye un paso para declarar la impunidad penal sobre los autores de las violaciones a las derechos humanos (además de que los manifestantes y organizaciones han estado solicitando la renuncia del presidente).
La dinámica y vertiginosidad del conflicto en curso hace muy difícil predecir su desenlace. Sin duda alguna, la participación ciudadana en el proceso y en la definición final debe ser lo que marque el curso de los acontecimientos. Como prueba de ello, cientos y miles de cabildos autoconvocados se han organizado en todo el país. Plazas, locales comunitarios, escuelas y centros de salud, recintos deportivos, playas y espacios de diversión y recreo han sido utilizados para que los asistentes puedan opinar sobre las causas del conflicto, sobre las medidas que quieren proponer para avanzar hacia una mayor justicia social, y sobre que tipo de acciones puede y debe la ciudadanía desarrollar para participar e incidir en la solución de estos problemas; estas han sido, entre otras, las preguntas que han roto el individualismo y el aislamiento social, generando un sentido de unidad y comunidad que Chile históricamente había tenido, pero que en estos años de extremo proyecto neoliberal había sido reemplazado por el principio de de cada cual tiene que solucionar sus problemas, tiene que consumir y tiene que aceptar dócilmente las reglas de un mercado que, en palabras del primer presidente democrático después de la dictadura, Patricio Alywin, es cruel, insensible a las personas.
Esto exigirá un cambio fundamental en este desencuentro que se ha producido entre lo político y lo social. La integración y reencuentro de ambos referentes es la llave maestra que permitirá que Chile pueda al final del camino definir y aprobar su primera constitución democrática. Sería la mejor manera de iniciar el camino hacia los 300 años de independencia.