El verano es una época propicia para la frivolidad. Cuando la política era un trantrán en el que el mayor sobresalto era el tradicional culebrón gibraltareño y la economía una máquina eficiente que funcionaba con piloto automático, era posible abandonarse a la molicie de la playa y de la siesta sabiendo que a la vuelta de las vacaciones las cosas estarían en su sitio, si no mejor de lo que las dejamos. Pero, desgraciadamente, no son esos los tiempos que vivimos. La economía española es un trasatlántico no solo varado, sino con la herramienta herrumbrosa. La gravedad de la situación sanitaria que encontraremos a la vuelta del verano es una incógnita. Pero estará ubicada con seguridad en la zona más pesimista de todos los escenarios previstos. Conviene por tanto que quienes puedan permitirse ahora unos días de descanso los disfruten al máximo, porque el otoño no pinta nada bien. Ni económica, ni sanitariamente.
Pero, ¿y la política? Malas noticias también. Y peores perspectivas. Habíamos calculado hasta ahora que la negociación de los Presupuestos, clave de bóveda de la legislatura, se presentaba complicada por las dificultades del Gobierno de coalición, que cuenta con 155 escaños, para conseguir los 21 que le restan hasta la mayoría necesaria. Tanto si escoge la vía suicida de buscar el respaldo del independentismo catalán y vasco, como la menos arriesgada de apostar por un pacto contra natura entre el PNV y Ciudadanos. Pero el problema político más grave es ahora otro. En medio de una pandemia sanitaria global y una crisis económica de dimensión histórica, España está gobernada por un partido que es una bomba de relojería política a punto de estallar. Un factor desestabilizador que solo aporta desequilibrio en un momento crítico. Podemos es una organización imputada por presunta malversación de caudales públicos y administración desleal. Otro juez investiga en una causa distinta por qué su líder, Pablo Iglesias, tuvo acceso y retuvo una tarjeta telefónica de una de una colaboradora tras presentar una denuncia presuntamente falsa. Hay claros indicios de que Podemos, un partido que gobierna España, ha sido financiado ilegalmente por un régimen teocrático y dictatorial como Irán y por una narcodictadura como Venezuela. Y, en medio de una crisis política sin precedentes en la reciente etapa democrática por las presuntas actividades ilegales de quien fue jefe de Estado durante 39 años, el partido de Iglesias, lejos de aportar seguridad jurídica y política, alienta desde dentro del Ejecutivo el ataque al pacto constitucional.
Podemos es un proyecto político fracasado, agonizante y sin futuro. Pero su capacidad para hacer daño a España sigue siendo inmensa mientras permanezca en la sala de máquinas del Gobierno del país. Forjar un pacto político que permita tomar las decisiones políticas y económicas ineludibles en medio de la pandemia sin depender para ello de un partido tóxico como Podemos es una obligación para cualquier demócrata. Veremos tras el verano qué fuerzas políticas están a la altura de ese reto.