¿Es transigible la reposición de la prestación por desempleo?


El diálogo social entre el Gobierno y las partes sociales se centra de nuevo en la prolongación de los ERTE. Hay un amplio consenso en que, desde el comienzo de la crisis derivada de la pandemia, han sido unos instrumentos útiles para el mantenimiento del empleo. Basta por ver cómo evoluciona el porcentaje de desempleo en los próximos meses. Si no se aproxima a los guarismos de la anterior gran crisis, habrán supuesto un gran éxito. Nunca una técnica de suspensión del contrato de trabajo habría funcionado tan positivamente en términos de conservación de puestos de trabajo.

Entretanto, las prórrogas que se están negociando introducirán algún tipo de reducción del nivel de inversión pública del que habrá que definir su alcance. La tríada de conceptos que se está manejando incluye las reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, la reposición de la prestación y el porcentaje aplicable a la base reguladora. El esfuerzo financiero que se ha hecho al servicio del mantenimiento del empleo carece de precedentes en toda la historia de nuestras relaciones laborales. Ciertamente, se ha visto sustentado, al menos en parte, por el mecanismo europeo SURE, focalizado precisamente en mitigar el riesgo de desempleo en situaciones de emergencia. Por otra parte, ambas partes -y, en particular, la patronal- han puesto gran énfasis en la necesidad de dar amplia cobertura a estas medidas.

Ahora bien, cuando se hace necesario por imperativos de control de las cuentas públicas aligerar alguno de los conceptos, el problema se centra en decidir dónde. La bonificación de las cotizaciones ha ido reduciéndose desde las primeras normas de urgencia de marzo, y los empresarios presionan con fuerza por mantenerla. Por su parte, las organizaciones sindicales insisten en que no puede reducirse el porcentaje de la prestación al 50 por 100 de la base reguladora cuando se alcance el séptimo mes de desempleo, guarismo al que se enfrentan quienes no se han reincorporado desde marzo de este año.

En el medio de este bocadillo se queda la reposición de la prestación. Es decir, la técnica jurídica que consiste en que no se tienen por consumidas las cotizaciones por el desempleo derivado de los ERTE, sino que se mantienen para una futura prestación. Es una medida de amplia tradición en nuestro marco de relaciones laborales. Las empresas saben que las extinciones de los contratos serán mucho más conflictivas en un futuro si no se cuenta con esta ayuda y que los acuerdos en fases de consultas en los despidos colectivos resultarán casi imposibles. Los sindicatos entienden que constituye una de las garantías más irrenunciables para los trabajadores, en el contexto de las «seguridades en el mercado de trabajo» a las que tanto apela la Comisión Europea.

En semejante contexto, quizá pueda producirse cierta transacción sobre esta técnica. Pero, sin duda alguna, tendría que ser a costa de incrementar las garantías de no despido, algo muy contrario a los deseos de la patronal. Pero la otra alternativa consistiría en reducir las bonificaciones a las cotizaciones, igualmente muy lesiva para sus intereses. O situar el umbral de cobertura del paro en el 50 %, solución por la que parece difícil hacer pasar a la parte sindical o al propio Gobierno. La solución no es fácil, pero habrá de alcanzarse. La situación lo requiere y las tres partes que se sientan a la mesa han demostrado estar a la altura del momento histórico.

Por Jaime Cabeza Pereiro Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Vigo

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