La economía española atraviesa por la crisis más grave desde 1936, pero si no actuamos de forma adecuada, lo peor podría estar por llegar. Hay que recordar que hemos llegado a esta situación con un déficit estructural de más del 3 % del PIB, el mayor, con diferencia, de toda la eurozona, y con un endeudamiento público del 95 % del PIB. Es decir, sin ningún margen de maniobra fiscal, lo cual tiene sus consecuencias, como se ha advertido repetidamente en los últimos tiempos.
La crisis va a suponer un descenso estructural del nivel de PIB, y por tanto, en ausencia de medidas de ajuste, un incremento del déficit público estructural. Puesto que este ya partía de un nivel elevado, el déficit primario aumentará hasta un punto en el que, incluso en un escenario optimista, la ratio de endeudamiento en relación al PIB va a crecer año tras año. O sea, la deuda pública entrará en una senda de insostenibilidad. Teniendo en cuenta el elevado endeudamiento del que ya partíamos, que además va a ascender dramáticamente este año como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir el impacto de la pandemia, lo anterior conllevará la pérdida de la confianza en nuestra solvencia por parte de nuestros prestamistas, y, por tanto, la imposibilidad de financiar nuestro déficit. Esto significa la quiebra y el rescate.
Ahora mismo no tenemos problemas para encontrar financiación en los mercados debido a la política de compra masiva de deuda pública por parte del BCE. Pero esa política no va a durar para siempre. En cuanto comience a vislumbrarse su final, las dudas sobre la solvencia empezarán a pesar en los mercados y volveremos a encontrarnos en una situación igual o peor que la del 2012.
No hay, por tanto, alternativa a una política de ajuste estructural del déficit, que supondrá, inevitablemente, la adopción de medidas contundentes e impopulares. Es cierto que ahora no es el momento de aplicar tales medidas, y probablemente no lo sea hasta el 2022, pero tampoco podemos tomar decisiones que supongan un incremento adicional del déficit estructural.
En definitiva, puede que ahora no sea el momento de recortar los salarios públicos, pero bajo ningún concepto pueden elevarse. Por los mismos motivos, ahora no es el momento de subir impuestos, pero debe descartarse igualmente una bajada. Todo aumento del déficit estructural que se emprenda ahora está condenado a deshacerse en el futuro, y el coste del ajuste será mayor, ya que habrá dejado como legado un nivel aún mayor de deuda.