Ayer se produjo una escena cómica en la radio. Carlos Alsina trataba de preguntar a la ministra Celaá qué tenía que decir a los manifestantes del domingo contra su ley de educación. Alsina saludaba y la ministra no respondía. Al segundo intento, el periodista preguntaba: «¿Me escucha, ministra?», y la ministra respondía «sí». Al formularle la cuestión de qué tenía que decir, a la señora Celaá solo se le oía un carraspeo. Alsina renunció a la entrevista, pero el cachondeo siguió en la tertulia: «Muy elocuente Celaá, todo lo que tiene que decir es un carraspeo, es la primera vez que un carraspeo se convierte en explicación oficial…».
Fue una pena, porque la sensibilidad social del momento se centraba en la nueva ley educativa y en las manifestaciones en casi medio centenar de ciudades para denunciar la condena a muerte de la escuela concertada y la desaparición de la libertad de elección de centro. Pero quizá no haga falta que la ministra hable más, porque algunas de sus explicaciones solo consiguen agravar el conflicto. Por ejemplo, cuando dice que la reforma de la concertada no supondrá pérdidas de empleo, y eso recuerda el lenguaje de la reconversión industrial: desaparece la empresa, pero se garantizan los puestos de trabajo.
Este cronista se asomó a la ley y a los indicios de sus intenciones y no ve por ninguna parte que la escuela concertada vaya a desaparecer, ni que vayan a ser anulados los conciertos en vigor. En los Presupuestos del Estado hay un incremento del 5,62 % respecto a las cuentas del 2018. Por tanto, si hay presupuesto, no hay eliminación del concepto.
Lo que sí cambia es la concepción de la enseñanza concertada. Se trata de aplicar criterios homogéneos para el reparto de fondos públicos y de que toda la educación que use dinero del Estado tenga los mismos derechos y obligaciones. Por ejemplo, que el pago de actividades extras deje ser una forma de exclusión o que los alumnos con dificultades puedan ser repartidos entre los centros beneficiados por esas ayudas. Quiero entender que a ningún padre se le va a negar la libertad de elegir centro, pero quizá vea como compañero de su hijo a un excluido social. A eso le llama la ministra principio de equidad. También podemos hablar de derecho del Estado a introducir contrapartidas.
Vistas así las cosas, se puede interpretar que en la protesta del domingo hubo algo de exageración. Incluso de asomo al clasismo; pero nada de eliminación de la concertada. Me pregunto si el señor Casado, la señora Villacís y el señor Espinosa de los Monteros, presentes en la manifestación de Madrid, sabían eso. Y, si lo sabían, por qué enarbolan la bandera de una libertad que solo aparece condicionada por una forma distinta de administrar recursos públicos. La propuesta de Celaá puede no ser buena. Pero el argumento de la agitación no parece mucho mejor.