Estamos en las peores manos en el peor momento. Las administraciones, ocupadas en echarse las culpas y echarnos la culpa, poniendo de relieve el déficit de gestión de la clase política que nos ha conducido al desastre sanitario y económico que nos aflige. Muerte a raudales entre la indiferencia del respetable, que ha perdido la sensibilidad para alarmarse y hasta el deseo de aplaudir. Impera un miedo secreto que nos atenaza y saca lo peor de nosotros.
La pandemia y la crisis económica han puesto de nuevo en evidencia el fracaso de nuestro modelo de Estado autonómico, diecisiete mini estaditos y diecisiete maneras de actuar, ninguna certera. El resultado: la muerte de casi 100.000 españoles y la ruina del resto.
Estamos en manos de oportunistas políticos que siguen centrando sus esfuerzos en la ocupación del poder y la consolidación de sus posiciones vía demolición de los cimientos de nuestro Estado de derecho. Somos un país quebrado de hecho, con una deuda equivalente al 114 % del PIB, en el cual solo la ficción de los ERTE y el cese de actividad enmascaran la avalancha de suspensiones de pagos y despidos que se avecinan cuando venzan o cuando el ICO reclame la devolución de los créditos.
Les da igual; ellos se han asegurado su futuro y los que pagan son la clase media, autónomos, asalariados y pensionistas, empobrecidos y silenciados.
Hay muchas razones para explicar lo sucedido, pero lo fundamental es la carencia de tradición democrática, el daño infligido a las instituciones y la inopia e inacción de una sociedad civil inexistente.
Si queremos recuperar algún día la libertad, deberemos movilizarnos ante la incompetencia del Gobierno y la ineficacia de la oposición, tomar la calle si hace falta, desde la legalidad, pero con contundencia.
Mientras tanto, el panorama es desolador. Se dibuja un auténtico holocausto para la hostelería y el turismo, para el ocio, para las actividades de temporada, actividades físicas y deportivas, comercio, transporte y un largo etcétera.
En casi todos los países de nuestro entorno, el Estado manda mensajes de tranquilidad al tejido empresarial, acompañado de potentes instrumentos económicos, directos, ágiles y proporcionados, con el objetivo de evitar la destrucción de empresas y empleo. Así, Francia, Italia, Alemania o Portugal articulan las ayudas de forma que lleguen al bolsillo de los afectados rápidamente para que, en lugar de verse obligados a cerrar, los negocios puedan permanecer en situación de latencia y arrancar su actividad en cuanto sea posible, reiniciando el ciclo económico normal.
En España, salvo algunos planes autonómicos y locales, no se ha hecho nada de eso, excepto los ERTE y el cese de actividad, que son claramente insuficientes y no han llegado a todos los que lo hubiesen necesitado. En materia fiscal apenas ha habido un aplazamiento que ya se ha cobrado con intereses, y los préstamos del ICO que lógicamente hay que devolver. Ninguna ayuda a fondo perdido, nada para los costes fijos, nada para compensar la pérdida absoluta o parcial de la facturación. Se anuncian planes para sectores afectados que no terminan de concretarse.
El virus pasará, la pandemia será historia; sin embargo, todo el tejido empresarial y el empleo que destruyamos ahora se perderá tal vez para siempre.
Deberíamos cuidar más y mejor a las empresas y a los autónomos.