Me produce desazón colocar en el mismo artículo dos asuntos que deberían tener un tratamiento diferenciado: la condena del rapero Pablo Hasel y los disturbios subsiguientes en varias ciudades españolas. Si lo hago es precisamente para desmontar la relación causa-efecto que, desde Unidas Podemos, se atribuye a las algaradas: los vándalos defienden la libertad de expresión.
Pues no. La libertad de expresión, el termómetro que mide la temperatura de la democracia, es una cosa. Y la violencia callejera, otra distinta y distante. El único nexo entre ambas, hasta que vino Pablo Iglesias a enlazarlas, era el pretexto. El Cojo Manteca, célebre en su día por abatir farolas a punta de muleta, usaba la excusa de no recuerdo qué ley educativa. Los violentos de hoy queman contenedores o se enfrentan a la policía con el pretexto Hasel. Concederles el marchamo de «jóvenes antifascistas» (tuit de Echenique) constituye una aberración, especialmente repulsiva para quienes se dejaron la piel o la libertad en la lucha contra el franquismo. Lo mismo que la obscena comparativa entre exilios de Pablo Iglesias: si Puigdemont es Companys, Pasionaria debe ser la que lidera los disturbios de Barcelona o Madrid. Lo que suscita una pregunta inquietante: ¿Contra quiénes luchan los «jóvenes antifascistas»? ¿Será, siguiendo la lógica Echenique, contra el Estado fascista español?
Sostengo que la libertad de expresión se ha reducido con los años. Afirmo que era más plena en la época de Suárez que en nuestros días. Los jóvenes de entonces, recién conquistada la libertad, no podíamos imaginar que los chistes indecentes sobre el atentado de Carrero Blanco serían, cuarenta años después, materia penal. O que la blasfemia, ahora camuflada como «ofensa a los sentimientos religiosos», pudiera acarrearte, además de la excomunión, pena de cárcel. O que la apología del terrorismo se convirtiera en delito precisamente cuando el terrorismo dejó de matar. O que se pudiese injuriar, no a las personas, sino a las instituciones, a la Corona o a España. El derecho a la libre expresión atraviesa horas bajas. Pero no acusaré a los jueces de los recortes: se limitan a aplicar, unos con entusiasmo represor y otros con la mayor benevolencia posible, las leyes promovidas por los sucesivos gobiernos. Bajo el principio incuestionable de que la libertad de expresión tiene límites, lo que hicieron esas leyes fue magnificar los límites y achicar la libertad de expresión. Y así, desde la ley de secretos oficiales hasta la ley mordaza, pasando por las reformas del Código Penal. Por cierto, ¿en qué artículo del Código Penal se castigan los atentados contra la libertad de expresión, que haber haylos?
Al Gobierno le corresponde, por tanto, resolver las dos cuestiones: ensanchar la libertad de expresión y reprimir los disturbios. Unidas Podemos se mueve en otra onda: aboga por reprimir a la prensa -«control democrático de los medios», dice Iglesias- y ensanchar los disturbios. Si es así, la lógica induce a preguntarse qué pinta este caballo de Troya en el Gobierno.