Los defensores de la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario suelen tener en mente a un estereotipo de trabajador de oficina al que le sobra el tiempo y que podría hacer el mismo trabajo en menos horas. No obstante, ni todo el mundo trabaja en una oficina, ni la idea de que, de forma general, todos los que lo hacen podrían trabajar menos y producir lo mismo tiene ningún fundamento.
Tanto en los servicios que implican atención al público como en las actividades fabriles o agrícolas, la producción depende del número de horas trabajadas: a menos horas trabajadas, menos clientes serán atendidos y, dada una productividad por hora, menos productos serán fabricados. Y el argumento de que los trabajadores serán más productivos porque serán más felices no parece muy sólido.
Para una empresa cualquiera, una reducción de la producción a igualdad de costes salariales se traducirá en una reducción de márgenes y, por tanto, menos recaudación de impuestos para el Estado, menos competitividad, menos inversión y menos empleo. Cuando la empresa opere en sectores resguardados de la competencia exterior —servicios de consumo—, el resultado será una subida de precios, de modo que los sueldos reales sí descenderían. A esto habría que añadir los problemas e inconvenientes que supondría para el usuario la reducción de los horarios de los comercios o del número de horas de prestación de determinados servicios.
Una medida tan disruptiva, con un impacto tan potente sobre la economía, y que pone patas arriba la vida de empresas y clientes, no debería llevarse a cabo sin realizar estudios previos, sin un debate profundo, sin analizar la validez de experimentos internacionales y sin negociar con las empresas.
En economías altamente productivas quizá podría ser asumible, pero no es el caso de España, cuyo principal problema es, precisamente, su baja productividad.
No parece muy acertado que nos lancemos a reducir de forma imperativa y generalizada las horas de trabajo cuando otros países más competitivos que nosotros no lo han hecho. Primero viene la productividad, y después la reducción de la jornada laboral.
Todo esto no quiere decir que no se deba reducir la jornada laboral en ningún caso. De hecho, ya se hace en numerosas empresas, a través de la negociación con sus trabajadores. Y esa es la vía por la que los avances tecnológicos y productivos deben conducir a una reducción del tiempo de trabajo, de una forma natural, al ritmo al que en cada sector y país pueda implantarse, teniendo en cuenta su realidad y sus condiciones competitivas.