Alquileres: otra huida hacia adelante del Gobierno
OPINIÓN
El decreto ómnibus es un intento de tirar para delante en el problema de la vivienda, sin entrar a solucionar los problemas existentes y continuar gravando a los propietarios con las responsabilidades que le corresponden al Gobierno.
Las medidas más llamativas, son que se mantiene la suspensión de los lanzamientos hasta el 31 de diciembre del 2025. Pero ¿qué pasará a partir del 1 de enero del 2026? ¿Qué hacemos con los inquilinos y los okupas que viven en los pisos sin abonar cantidad alguna? ¿Dónde se van a meter? Lo que no es de recibo es que lo que era una medida excepcional por culpa del covid se venga prolongando en el tiempo indefinidamente. Habrá que buscar una solución, que es lo que no hace el Gobierno.
Pero es que ahora, en caso de vulnerabilidad, aun incluso en casos de condena penal, la modificación del artículo 1 bis del decreto ley 11/2020 faculta a los jueces para que puedan suspender los lanzamientos en caso de personas que no tienen título habilitante para ocupar una vivienda, cuando los inmuebles pertenezcan a personas jurídicas o grandes tenedores.
Se llega al absurdo de la modificación del artículo 3 del real decreto 401/2021, que en caso de ocupación o de un inquilino moroso establece que para que el propietario pueda tener derecho a compensación, deberá acreditar (en caso de suspensión del lanzamiento) el perjuicio económico que se le ocasiona, para lo cual debe justificar que la vivienda estaba a la venta o arrendamiento con anterioridad a la entrada en el inmueble. Si la vivienda estaba arrendada y el inquilino no paga, está claro que estaba en arrendamiento, y si es un okupa, ¿por qué tiene que acreditar que estaba a la venta o en alquiler? Es evidente que la ocupación le está causando un perjuicio económico, ya que no puede disponer libremente de su inmueble.
Por otra parte, abordemos los avales en caso de impago para inquilinos menores de 35 y personas vulnerables. Tendrán que aclarar cuándo y cómo se van a pagar, ya que no habiendo presupuestos, no hay partidas para poder hacerles frente.
Son promesas sin contenido práctico. Cuando se promulgó la LAU de 1994 se establecía que se darían ayudas fiscales a los propietarios que no pudiesen actualizar las rentas. Después de 21 años, esos propietarios siguen esperando por esos beneficios fiscales. Esta medida mucho me temo que va por el mismo camino y sea otra promesa incumplida, porque el Gobierno la propone, pero a cargo de las comunidades autónomas.
En definitiva, es una huida hacia adelante, sin presupuesto para llevarla a cabo.