El curso económico arranca fuerte. El Consejo de Ministros ha aprobado una condonación de la deuda de las autonomías, asumiendo el Estado algo más de 83.000 millones de euros. Esta condonación supone —en román paladino— que como las comunidades autónomas deben mucho dinero, el Estado se va a hacer cargo de esa deuda. Pero ojo, porque puede ser con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (deuda que tienen las comunidades con el Estado), o bien por préstamos autonómicos con terceros; por lo tanto, el coste no es el mismo.
La estimación del Ejecutivo central es que Andalucía y Cataluña sean las dos que más se beneficien de esta rebaja. Le siguen, por orden de importancia, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Galicia, sin llegar a los niveles anteriores, también recogerá un significativo descenso. Por lo tanto, esta condonación, tal y como está diseñada, no beneficia a todos los territorios por igual y esto ha provocado importantes fricciones. Habría que tener en cuenta si, con esta medida, un determinado territorio se libra de más deuda propia que la parte que se le asignará de la deuda total estatal generada. Es decir, hay que considerar el efecto neto y no bruto de esta medida.
Además, se trata de una medida coyuntural y de parcheo —por cierto, una más- a algo que no debiera haberse producido, que es la caducidad en 2014 del sistema de financiación autonómica de 2009.— Los técnicos llevamos más de una década señalando la necesidad de aprobar un nuevo modelo de financiación, y hasta el momento lo único que parece en que se está de acuerdo es que el sistema actual no cumple con las actuales necesidades de las comunidades autónomas, pero poco más. Por desgracia, la reforma integral del sistema ni está ni se le espera.
Tampoco queda claro si el Gobierno tiene los apoyos parlamentarios para aprobar en el Congreso esta medida, incluyendo algunos socios que no ven con demasiado buenos ojos la propuesta pensando en clave regional. También tienen una papeleta difícil los diferentes presidentes autonómicos, algunos contrarios a la medida, pero conocedores de que, si no se acogen a ella, perderán una oportunidad de oro para sanear sus cuentas. Veremos si al final alguna de las comunidades que no están de acuerdo presentan algún recurso o protestarán, pero se sumarán a esta quita.
Además, el ahorro estimado implicaría una reducción de intereses de hasta 7.000 millones de euros, pero no se podrán dedicar a mejorar los presupuestos en sanidad, educación o servicios sociales, que son precisamente las tres principales políticas de gasto de las comunidades autónomas, por lo que limita mucho la efectividad de la medida. Con todo, sí que mejorará el gasto y el control financiero de las cuentas autonómicas, al reducir la devolución de parte de esa deuda y sus intereses. Esto es un aliciente para minorar los niveles de déficit regional, verdadera espada de Damocles para muchas comunidades.
Finalmente, la condonación, al estar asumida por el Estado, debe entenderse como un ajuste interno. La deuda no desaparece, sino que pasa a otras manos; por lo que esta medida no reducirá el elevado nivel de deuda pública de España. O, dicho de otra forma, habrá que seguir cumpliendo con los objetivos presupuestarios europeos a los que nos hemos comprometido.
Con la condonación de la deuda a nivel económico se abre un panorama cuanto menos complejo, que veremos como acaba. Desde luego, el ejercicio de malabarismo económico está más que asegurado.
Alberto Vaquero es economista y profesor en la Universidade de Vigo.