La policía autonómica reclama colaboración ciudadana para investigar los incendios forestales

Cándida Andaluz Corujo
cándida andaluz OURENSE / LA VOZ

OURENSE

El cuerpo de seguridad cuenta en Ourense con 44 agentes cuando el número ideal, según su inspector jefe, es 60

22 ene 2019 . Actualizado a las 08:06 h.

La lucha contra los incendios forestales, la vigilancia de víctimas de violencia machista y menores y la protección de cargos públicos de la Xunta son algunos de los cometidos de la policía autonómica. Todas estas competencias, en la provincia de Ourense, las asume una unidad formada por 44 agentes que ayer estrenaron sede en el Pazo de Xustiza de la capital. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acudió a la ciudad para participar en la apertura oficial de las instalaciones: «É un acto simbólico pero importante. Levabamos moito tempo, desde que se construíu o novo edificio xudicial, vendo como darlle utilidade ao pazo de xustiza. Co beneplácito e entendemento do presidente da Audiencia vimos que esta era unha boa solución». No en vano, el alquiler de las anteriores instalaciones (en el entorno del Barbaña) era de 80.000 euros al año y el coste de las obras para adecuar la planta baja y la primera del edificio judicial ascendió a 125.000 euros.

Alfonso Rueda alabó la labor de los policías ourensanos y la gran colaboración que existe entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Aprovechó la oportunidad para demandar del Gobierno un aumento en la plantilla, que está por debajo del 80 % de sus efectivos. «Cremos que o incremento das competencias que van asumindo fai necesario reclamar máis axentes», dijo dirigiéndose al subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso. Este, por su parte, señaló que las nuevas instalaciones supondrán una mejora sustancial para la realización de las actividades diarias de la policía autonómica. Así también lo destacó el inspector jefe de Ourense, José Pérez Estévez: «É unha mellora substancial. Ten o dobre de superficie útil para nos. Alí non había case nin calefacción».

Fernando Pico López, comisario jefe de la unidad adscrita en Galicia, se refirió de forma especial a los incendios forestales en la provincia como una de las dificultades principales de una unidad que debe cubrir todo el territorio ourensano: «Quero aproveitar para pedir a colaboración cidadá. O que máis botamos en falta é que a xente colabore».

De la misma manera habló el inspector jefe de Ourense. «O tema dos incendios é moi complexo. Cando cheguei aquí, hai 25 anos, encontraba entre 80 e 100 incendios forestais ao día. É moi difícil atopar indicios. Isto, unido aos poucos efectivos e a toda a xeografía que temos... Cando chegas alí podes atopar un artefacto pero ás veces non hai nada», explica. Después de todo este tiempo, José Pérez Estévez señala que tanto los intereses madereros como los relacionados con la caza o con los pastos pueden darse, pero son los menos. «¿Que pasa co resto? Non atopas case probas. Quero pensar que detrás dos lumes está xente de cada zona. Pero os seus veciños non falan. Sen probas, vestixios e sen colaboración cidadá é moi difícil investigar un incendio intencionado. Hai un mal entendido proteccionismo entre os veciños», critica. Sí se pueden llevar a cabo medidas preventivas, señala Pérez Estévez, pero apunta que con una plantilla mermada a la que se unen las vacaciones, sobre todo en época estival, es muy difícil trabajar: «Agora somos 44 efectivos e a cifra idónea sería de 60. Falamos que temos competencia en toda a provincia. Chegar a Maceda, O Carballiño ou Celanova está moi ben, pero vai ata Valdeorras... Hai que pensar coa cabeciña porque as limitacións están aí».

Un déficit de agentes que se ve agravado cuando actúan en la protección e investigación de temas relacionados con menores en situación de desamparo. El inspector jefe de Ourense explica que el traslado de los que se encuentran ingresados en el centro de Montalegre, unos 300, debe ser bajo custodia policial. En este centro ourensano está centralizado casi todo el tema relacionado con menores y, por lo tanto, su traslado a otras provincias para acudir a sedes judiciales depende de los efectivos ourensanos. «Un traslado implica una patrulla y el año pasado hicimos total de 552», explica. En cuanto a la protección de mujeres, en colaboración con las policías local y nacional, atienden a algo más de 30 víctimas.