Más de la mitad de la plantilla del juzgado de familia se irá este mes

La sede lleva meses colapsada por el aumento de casos relacionados con los mayores


ourense / la voz

El envejecimiento poblacional del que adolece la provincia de Ourense afecta a muchos ámbitos y el de la justicia también es uno de ellos. El Juzgado de Primera Instancia número 6 de la capital ourensana, que tramita los asuntos de familia, lleva meses en una situación de colapso que provoca retrasos en las resoluciones de casos, pero también hastío entre los funcionarios. De hecho, cinco de ellos -la plantilla está integrada por siete titulares y dos de refuerzo- causarán baja a finales de este mismo mes porque han pedido otros destinos. Se ven incapaces de seguir asumiendo la sobrecarga de trabajo que existe en esta sede, y aunque las plazas ya están cubiertas, los nuevos trabajadores, algunos de los cuales no han estado anteriormente en sedes de esta especialidad, tendrán que acostumbrarse a los asuntos y a un ritmo de trabajo alto. Existe, por tanto, el riesgo de que este cambio pueda motivar más dilaciones durante el tiempo de adaptación.

Con una media de unos dos mil pleitos al año, cuando la de este tipo de juzgados es de 1.300, la sede se ha visto especialmente afectada en los últimos tiempos por el incremento de asuntos relacionados con las incapacidades de personas mayores. «Tenemos pleitos por encima de lo que podemos asumir», reconoce uno de los funcionarios que ha pedido el traslado a otro juzgado de la capital. Lo deja claro: «Ya no puedo más».

Asuntos para resolver en 72 horas y visitas a las más de 40 residencias de mayores

Los expedientes, muchos de ellos urgentes, se apilan en las mesas de trabajo de los funcionarios del juzgado, que ven como mes a mes se incrementa el número de asuntos a resolver. Y algunos con urgencia, como los internamientos en centros de menores y también en el CHUO, en psiquiatría, que tiene un plazo máximo de resolución de 72 horas, lo que provoca una especial premura.

Luego están los asuntos de mayores, que suponen una enorme carga de trabajo por la particularidad poblacional que tiene Ourense. Hay más de cuarenta residencias geriátricas -algunas con más de cien internos-, además de viviendas comunitarias y mayores incapaces que residen en domicilios, y a todos ellos tiene que visitarlos la jueza con periodicidad. Además son asuntos que se han de revisar cada seis meses.

Asimismo, todos los casos de menores cuya custodia les es retirada a los padres llegan al juzgado, como también las adopciones. «Solo con incapacidades e internamientos daba para crear otro juzgado», opina uno de los funcionarios que este mismo mes cambiará de destino. Como él otros seis reconocen ser incapaces de seguir asumiendo un colapso que les está afectando a la salud. En la sede, de hecho, son recurrentes las bajas médicas por la sobrecarga de trabajo.

«El perjudicado siempre es el ciudadano»

«La situación es caótica. Tenemos mucho trabajo y cada año esto va a más. El número de asuntos se incrementa y seguimos siendo los mismos en el juzgado». Así define la titular del Juzgado de Primera Instancia 6 de Ourense, Laura Guede, la situación en la que se encuentra la sede, constatando que el envejecimiento poblacional de la provincia incide directamente en el incremento de casos. «Hay muchas incapacidades y muchos internamientos», advierte. A ellos se suman los asuntos relacionados con los problemas del ámbito familiar, cada vez más porque ahora los jueces hasta tienen que decidir sobre asuntos como las vacunas de los niños o las excursiones de fin de curso cuando los padres no se ponen de acuerdo. «En los divorcios, los padres cada vez se separan antes, con niños más pequeños, con lo que los conflictos cada vez duran más en el tiempo», explica la magistrada, que entiende que más de la mitad de la plantilla se vaya este mes. «Están sobrepasados de trabajo», reconoce. «Nos entran 800 asuntos más que al resto de los juzgados al año», advierte la magistrada, que asegura que este volumen de trabajo no es asumible ni para una sede que solo el pasado mes de enero puso 200 resoluciones, resultado de un nivel muy alto de trabajo. «No es que el juzgado no se aplique», constata la jueza, destacando lo sensible que es el tipo de asuntos que tratan. «Todo lo relacionado con la familia y las personas es complicado y necesita una solución rápida que nosotros intentamos dar en la medida de lo posible. Si no ponemos un auto a tiempo, un anciano puede perder una plaza en una residencia pública», dice Guede, que cree que la solución, ahora mismo, es crear un juzgado bis, para desatascar. El decanato ya lo ha pedido, por ahora sin respuesta. «Todo el mundo sabe como está este juzgado; el Consejo General del Poder Judicial nos hace revisiones, pero nadie hace nada. Y quien sale perjudicado siempre el ciudadano», lamenta.

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