El Concello ha recibido en un año más de doscientas notificaciones de vecinos
15 oct 2019 . Actualizado a las 13:50 h.Algunos vecinos del casco histórico de la capital no pueden aguantar más. Los ruidos del fin de semana en la calle no solo alteran su descanso sino que condicionan su vida y afectan a su salud. Tras las últimas denuncias presentadas al Concello, algunos han dado un paso más. La asociación de vecinos O Cimborrio del casco histórico ha enviado hasta la fecha siete denuncias al Valedor do Pobo para que exija al Concello de Ourense el control del ruido de los bares de esta zona. Todas han sido recibidas por el organismo, que ha acusado recibo, y de momento una de ellas, en la que se hace referencia a licencias que no se cumplen, ha sido tramitada de oficio por la propia valedora, María Dolores Fernández Galiño. En un escrito que remite al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, le informa del inicio de una investigación sumaria e informal para esclarecer los hechos, por los que pide al regidor que le envíe todos los datos sobre las actuaciones que se están llevando a cabo para mitigar la problemática de los ruidos en esta zona de la ciudad. En el escrito, Fernández Galiño recuerda que «a contaminación acústica vulnera os dereitos da cidadanía á protección da saúde que inclúe o dereito ao descanso, a un medio ambiente adecuado e, as veces, aos dereitos de protección e garantía da intimidade persoal e familiar no fogar». En ese escrito, la propia valedora habla de las dificultades que tiene la Policía Local de Ourense para controlar el cumplimiento de la normativa. Y señala que se debe encontrar una solución ágil.
En el último año, el Concello de Ourense ha recibido alrededor de 200 notificaciones de vecinos y asociaciones demandado no solo información sobre la situación de algunos bares, de sus licencias, sino denunciando diferentes incumplimientos: cierres después de hora, música en la calle, falta de insonorización... Mientras los datos sobre la situación de las licencias son concedidos de manera ágil, los vecinos se quejan de que las denuncias no acaben con resoluciones que permitan controlar los ruidos en la calle.
La concejalía alega tramitaciones largas y falta de personal
La concejala de Urbanismo, Sonia Ogando, asegura que tiene sobre la mesa el tema del ruido y del cumplimiento de las licencias de los bares y locales de ocio del casco antiguo. Desde su llegada a la concejalía ha organizado varias reuniones con los hosteleros y los vecinos -de manera separada- para conocer de primer mano la situación. A partir de esta semana iniciará otros encuentros con los que pretende juntar a las partes para llegar a un entendimiento.
Aunque, al parecer, hay vecinos que no quieren sentarse a negociar hasta que se cumpla la normativa. Ogando cree que este un problema complicado que necesitará de tiempo para su resolución. En este sentido, explicó que la concejalía que dirige está falta de personal y que se ha encontrado con tramitaciones largas en el tiempo que impiden ir gestionando de forma eficaz las diferentes denuncias, solicitudes de información o reclamaciones. La concejala pide más tiempo para poder solucionar un problema que, asegura, tiene que compaginar el descanso de los vecinos con la actividad económica.
El caso de Cáceres: cárcel para los hosteleros e inhabilitación para los políticos
Pidieron ser indultados por el Gobierno, pero finalmente entraron en prisión este mes. Es el caso de La Madrila, Cáceres, donde once hosteleros han sido condenados a penas de dos años y tres meses de cárcel por un delito de contaminación acústica. A ellos se unieron la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal Carlos Jurado, por prevaricación. Estos no tendrán que entrar en la cárcel, ya que sus penas no superan los dos años de cárcel, pero fueron inhabilitados para cargo o empleo público durante ocho años por prevaricación. Conocían las ilegalidades, dijo la sentencia, pero no actuaron.
Hace once años nació la asociación Cacereños contra el ruido, «con el fin de combatir por todos los procedimientos legales la contaminación acústica, sus causas y sus efectos. Esta asociación tiene vocación de defender al desprotegido vecindario». Tras no recibir respuesta de la administración local, los vecinos se dirigieron al Defensor del Pueblo y hasta al Seprona. Finalmente acudieron a la vía judicial. Tardaron casi una década en llevar a alguien al banquillo, pero una vez allí la sentencia fue contundente. Más de uno la calificó de desmedida, pero crea jurisprudencia.
En el 2010, La Voz publicaba que el juzgado número dos de lo penal de Avilés había condenado a dos años y tres meses de cárcel a los dos dueños de un local nocturno de Vegadeo, por ruido. El juez ordenó, entre otras cosas, el cierre del local, la inhabilitación de dos años a los dueños para ejercer labores de hostelería y el pago de 6.000 euros a cada uno de los denunciantes.