La Policía Nacional denuncia a doce viviendas turísticas de Ourense por irregularidades en el registro
OURENSE
Los agentes quieren evitar que estos alojamientos sean utilizados por la delincuencia itinerante
25 oct 2024 . Actualizado a las 17:54 h.La Policía Nacional de Ourense ha intensificado la vigilancia sobre las viviendas turísticas para evitar que se conviertan en un agujero negro de control sobre la delincuencia itinerante que se mueve entre ciudades sin estar sujetas a un registro. Es por ello que este cuerpo de seguridad propone sancionar a doce viviendas de uso turístico de la ciudad, que incumplen la normativa relativa a información y registro documental. Sus titulares se exponen a sanciones por parte de la Subdelegación del Gobierno de Ourense por no dar cuenta de un trámite que es obligatorio para ellos, al igual que sucede con los hoteles o pensiones.
Según explican las fuerzas de seguridad, entre las irregularidades denunciadas destacan el hecho de no comunicar con carácter previo al inicio de la actividad los datos exigidos legalmente. Se trata de un trámite, explican las mismas fuentes, que se deberá realizar como máximo diez días después del cumplimiento de los trámites administrativos exigibles para el desarrollo de la actividad y, en cualquier caso, con anterioridad a que comience a funcionar la vivienda con uso turístico. Otra cuestión que es motivo de denuncia policial tiene que ver con el incumplimiento de la obligatoriedad de transmitir los partes de viajeros de manera inmediata. Según la normativa vigente, este trámite debe realizarse en un plazo inferior a las 24 horas desde que se realiza la reserva, la formalización del contrato o, en su caso, la anulación de la estancia. Las propuestas para sanción, en caso de hacerse efectivas, conllevarían multas por un importe económico que va desde los 100 euros de las faltas más leves hasta los 30.000 de las más graves.
La Policía Nacional de Ourense recuerda que entre sus funciones se encuentra la del control de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como es el caso del hospedaje o el alquiler de vehículos a motor, para la prevención e investigación de infracciones penales.