Alega ante una jueza de Ourense tener que cuidar de su madre para no ingresar en la cárcel tras haber sido condenado en siete ocasiones por delitos viales

A Pablo C. I. la justicia lo ha condenado en siete ocasiones en los últimos años por delitos viales. Su ingreso en prisión para empezar a cumplir las condenas impuestas en todos esos procedimientos penales es inminente porque ya se le ha requerido para ello, pero él trata de posponer el día. Este mismo miércoles estaba citado en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal dos de Ourense para responder por otro asunto de tráfico y, nada más entrar, ya le explicó a la magistrada que no puede ir a la cárcel porque debe ocuparse de su madre, que lo acompañó a la sala de vistas.

No será esta togada quien decida sobre ello, si bien quedó claro que de poco servirá el argumento, ya que en caso de ser necesario los servicios sociales se encargarán de la señora. Lo que parece inevitable es que el acusado pague su deuda con la justicia por su mal comportamiento en carretera. De hecho su situación aún podría empeorar más si se le considera responsable del accidente de tráfico registrado en la madrugada del 20 de julio del 2022 en la carretera que comunica Ribadavia con O Carballiño, la OU-504.

«Vimos unas luces que venían de frente y enseguida nos dimos cuenta de que era un coche», explicó uno de los perjudicados en la colisión. El coche en el que viajaba el acusado se salió de su carril e invadió el de las víctimas. El conductor dio un volantazo en el último momento para esquivarlo, pero no pudo evitar una colisión lateral. Tanto él como el copiloto resultaron heridos. Cuando se bajaron del vehículo y se acercaron al de otro automovilista, percibieron algo raro. «Estaba alterado, parecía que se había tomado algo; buscaba gresca», relató uno de los testigos.

Enseguida se personaron en el lugar agentes de la Guardia Civil, que confirmaron que el sospechoso no estaba ni colaborador, ni arrepentido. «Solo se preocupaba por su coche, un BMW nuevo; no quería ni que lo tocara la grúa», dijo uno de los agentes, que tildó de «déspota» al acusado. Consiguieron hacerle una prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado positivo, con una tasa de 0,90, pero se negó a realizar el segundo control y a una extracción de sangre. El agente hizo constar en su atestado los síntomas que tenía de haber bebido y explicó a la jueza que «no estaba en condiciones de conducir».

Es por ello que ahora se le atribuyen dos delitos viales, uno por circular en estado de embriaguez y otro por negarse al segundo control. A mayores, se le acusa de dos cargos de lesiones. La fiscal, que le aplica la agravante de reincidencia, pidió una condena de nueve meses de cárcel, además del pago de una multa de 3.240 euros y la privación del permiso durante ocho años. La defensa, por su parte, cree que hubo errores en el atestado ya que su cliente —así lo declaró él— no quiso hacer ninguna prueba del etilómetro. Pide que se anule el caso y se absuelva a su cliente.

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