Hace 35 años, dos presos retuvieron a dos funcionarios de la cárcel para provocar un motín
OURENSE
El 5 de agosto de 1991, ambos reclusos se encontraban en la zona de aislamiento de la prisión
09 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El 5 de agosto de 1991, hace 35 años, dos internos de la prisión provincial de O Pereiro de Aguiar mantuvieron secuestrados a sendos funcionarios durante cerca de media hora con la idea de provocar un motín, y posteriormente se refugiaron en los tejados hasta que fueron reducidos. Los causantes de la emergencia fueron identificados como Fernando González Vázquez y Edmundo Balsa Franco, quienes cumplían largas condenas por diversos actos delictivos. El segundo estaba relacionado con una banda organizada que llevó a cabo varios atracos a establecimientos, uno de los cuales concluyó trágicamente con la muerte del propietario del pub Secretos, ubicado en las afueras de Ourense.
Marcial Cid, entonces secretario de la sección sindical de UGT en la cárcel, relató a La Voz de Galicia la tensión vivida durante varias horas. Según explicó, el incidente se inició en la zona de aislamiento alrededor de las ocho de la tarde, momento en que eran retiradas las bandejas de la cena. Uno de los internos amenazó sorpresivamente con una navaja al funcionario encargado de esa tarea y lo obligó a entregarle las llaves de las demás dependencias. Solo uno de los cerca de diez presos recluidos en este espacio decidió sumarse. «Ambos implicados intentaron entonces dirigirse hacia el área de los patios. En ese trayecto, uno de los reclusos se abalanzó contra un segundo trabajador carcelario y le colocó un objeto punzante en el cuello en el instante en que este intentaba dejarlos aislados en una zona de acceso. Los demás funcionarios se percataron a tiempo de lo que pasaba y encerraron de inmediato al resto de reclusos en sus celdas, abortando de este modo cualquier intento de motín generalizado dentro del establecimiento», detallaba la crónica.
Los dos reclusos consiguieron llegar al patio y, tras liberar a los dos trabajadores retenidos, subieron a los tejados de la prisión. Allí permanecieron alrededor de media hora, hasta que fueron reducidos por el personal del centro penitenciario, más de una hora después de iniciarse el altercado, según el relato de Marcial Cid.
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Este suceso provocó que los sindicatos criticaran la falta de medidas institucionales para evitar este tipo de situaciones. Marcial Cid acusó directamente al director de no llevar el asunto como debería, y apuntó que a uno de los reclusos protagonistas del incidente le había otorgado recientemente el derecho a comunicaciones «vis a vis», una ventaja que habitualmente estaba restringida a un tipo determinado de internos. El representante de los trabajadores destacó el incremento incesante de la población reclusa y la proliferación de aquellos con características «más delicadas». En este sentido, según informó La Voz de Galicia, anteriormente solo solían permanecer en el centro penitenciario de Ourense internos con penas cortas o próximas a finalizar.
Según la crónica de hace 35 años, el recinto había sido construido para una población reclusa de 220 personas, pero albergaba medio millar de prisioneros. Para atender este elevado volumen, el centro disponía de una plantilla de 150 funcionarios, de los que solamente catorce permanecían en el interior durante cada turno de trabajo. De la población reclusa total formaban parte seis miembros de la banda terrorista ETA —cuatro hombres y dos mujeres— y un integrante del grupo GRAPO.
El entonces director de la prisión provincial, José Ignacio Bermúdez Fernández, señaló a La Voz que desde el incidente se habían adoptado absolutamente todas las medidas legales y reglamentarias correspondientes. Asimismo, explicó que se había acelerado la ejecución de obras en el interior del recinto, que habían entrado en funcionamiento dos días antes del incidente y contribuyeron a que este altercado no tuviese mayores consecuencias.
En concreto, según la crónica de hace 35 años, en las instalaciones ourensanas acababa de entrar en funcionamiento lo que se denominaba «una crujía de seguridad», una garita blindada en la que permanecía destinado un funcionario. Este trabajador se apercibió de lo que ocurría en el departamento y pudo bloquear con rapidez el área concreta en la que se desencadenaron los hechos. Bermúdez Fernández detalló también que uno de los dos reclusos protagonistas del suceso estaba precisamente cumpliendo una sanción disciplinaria por su anterior acción en los tejados. El director de la prisión admitió que la infraestructura albergaba en aquel momento el doble del número de internos previsto en el proyecto original, aunque afirmó categóricamente que la situación por entonces era «asumible».