Rogelio Martínez: «Nada había e nada se podía condenar penalmente»

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez LA VOZ / OURENSE

A ARNOIA

Alex Carausan

El exdelegado de la Xunta, aliviado por la absolución. La acusación popular irá al Supremo

25 jun 2019 . Actualizado a las 20:57 h.

Irregularidades en la construcción de una planta de biomasa en Arnoia sí, pero delitos no. La sentencia en la que se absuelve de los cargos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones al exdelegado de la Xunta en Ourense y a otros tres imputados resulta lógica según el criterio del excargo público, que se muestra aliviado por el hecho de que, veinte años después de que ocurrieran los hechos, la justicia haya por fin hablado. «Non podía ser doutra maneira», explicaba este mismo martes Rogelio Martínez, alcalde de Arnoia y presidente del grupo de desarrollo local Ceivam en el año 1999, cuando se destinaron 36.500 euros procedentes de los fondos Leader a la construcción de esa infraestructura. «Estaba claro que non había nada, e nada se podía condenar penalmente, pero en tanto non se resolvía a inquietude estaba aí», reconocía el excargo público, que resaltó la importancia que tiene para él el hecho de que «a xente poda estar tranquila de que ninguén se lucrou do seu cargo en ningún momento. Iso é unha satisfacción persoal importante».

La resolución, dictada por la sección segunda de la Audiencia provincial de Ourense, deja claro que en la ejecución del proyecto hubo divergencias y esto es algo que tampoco niega Martínez. «Houbo diferenzas entre o proxecto subvencionado e a execución do mesmo, pero na resolución xa se di que a finalidade era a prevista e que os cartos concedidos no seu momento se gastaron correctamente. En calquera caso, se poidese existir algunha responsabilidade, nunca sería de quen daba o diñeiro, senón de quen o gastaba», remarcó el exdelegado, contento también por el resto de acusados. «Estou satisfeito por todo isto e porque eses compañeiros involucrados quedaran libres de todo cargo».

Cesado de su cargo en el 2015, nueve años después de que se presentara la primera denuncia por este asunto, asegura sin embargo que el coste político no ha sido el más difícil de asumir en todo este tiempo. «O maior custe foi o persoal, o familiar, e incluso o económico, xa que todo isto non sae gratis», advirtió. Sobre su carrera política truncada, deja clara una cosa: «Eu sempre estiven na política e aínda estou, e está claro que o nomeamento en 2009 tiña implícito tamén o cese, independentemente de que puidese influír esta cuestión no tema. En todo caso, despois de pasar todo o que pasamos, iso foi o de menos neste calvario de tantos anos».

Respecto la motivación de la acusación, tiene claro Martínez que existe un interés político por parte de quienes promovieron en su día la Asociación para o progreso do Ribeiro, única entidad que ha ejercido la acusación. «O teño claro, é un asunto político. Foino por parte dos denunciantes que aproveitaron a chegada do bipartito á Xunta para ver se quitaban do medio a un rival ao que non podían apartar nas urnas. Despois Miguel Fidalgo quixo continuar este tema como algo persoal, xa que nunca puido tampouco entender o que pasara en cada unha das eleccións desde o ano 1989», asegura.

No oculta Martínez, en todo caso, que pasar por el banquillo de los acusados «marca» y asegura que ha pasado días de angustia por el juicio y las graves acusaciones que se pusieron sobre la mesa, que implicaban penas de dieciséis años de cárcel para él, pero espera poder pasar página cuanto antes

 Recurso de casación

Quizás no pueda, con todo, hacerlo de momento ya que la sentencia no es firme y contra ella ya ha anunciado recurso la acusación popular. «Hay cuestiones que no se resuelven y vamos a presentar recurso de casación», anunciaba José Arcos, abogado que representa a la Asociación para o progreso do Ribeiro, vinculada al PSOE y única que presentó cargos en un asunto en del que la Fiscalía de Ourense se ha mantenido apartada desde el primer momento. Esta parte considera que hay documentación que acredita que los acusados sabían que el proyecto que se estaba realizando no se correspondía con el que se había proyectado, en relación con la planta de biomasa de Arnoia, y quiere buscar una sentencia más favorable ante el Tribunal Supremo.