El alcalde de Celanova recurre a la Diputación para un informe jurídico sobre una urbanización inacabada
CELANOVA
Propietarios presentaron una reclamación patrimonial contra el Concello por 588.585 euros para que ejecute las obras que la promotora dejó sin hacer
29 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.«Son unha veciña da urbanización Guadix. Sei que somos os esquecidos de Celanova, somos os propios veciños os que limpamos a rúa, arrincamos as malas herbas e mesmo coidamos a vexetación que nós mesmos plantamos para que aquilo non pareza abandonado, xa que hai rúas sen beirarrúas e rúas con buracos no firme que xa nos deron máis dun desgusto e problemas». Este fue parte del texto que leyó la concejala del PP de Celanova, Ana Cid, en el último pleno, trasladando al alcalde, Antonio Puga (CD), la queja de residentes de la urbanización privada A Coutada-Guadix, que quedó inacabada. Los vecinos pagan impuestos por servicios que no reciben, como la recogida de basura o limpieza de calles, protestan.
El 21 de octubre, los propietarios presentaron una reclamación patrimonial contra el Concello de Celanova en la que solicitan 465.000 euros, para las obras sin terminar, y 125.000 por daños y perjuicios. Puga contestó en el pleno que esta semana mandó un oficio a la Diputación para que los servicios jurídicos del organismo provincial emitan un informe. «Saiu mal, pero non é responsabilidade do grupo de goberno actual. Utilizar recursos públicos nunha urbanización privada sería prevaricar. Se unha sentencia di que o Concello a ten que acabar, se acabaría», concluyó Puga.
El problema se remonta al 2007, cuando el Concello, entonces presidido por el alcalde Antonio Mouriño (PP), y la promotora Residencial Ruanova concertaron una garantía que cubriera las obras de urbanización (viales, aceras, servicios de alumbrado, abastecimiento o zonas verdes) por importe de 188.535 euros. Se hizo con una hipoteca que se constituyó sobre ocho parcelas de ese polígono, todavía por urbanizar. Desde el 2009, la promotora vendió una veintena de chalés adosados unifamiliares y, con la urbanización sin acabar, se escrituraron ante notario.
Los compradores reclaman que el Ayuntamiento no controló «la efectiva terminación de las obras de urbanización» y que no ejecutó la garantía cuando la empresa abandonó. La promotora está descapitalizada y es insolvente. En lugar de aval bancario, quedó una hipoteca basura. Los demandantes consideran que el gobierno local consintió esto «ilegalmente». Otro de los puntos que cuestionan los reclamantes es que el Concello de Celanova no contestó a la solicitud de licencia de primera ocupación. Se entendió concedida por silencio administrativo. Creen que esta falta de resolución fue «intencionada».
Este año el Concello encargó un informe a un despacho de abogados de Ourense. Un escrito que cuestionan los reclamantes porque lo firman un técnico del Ayuntamiento de Ourense, al que vinculan con el arquitecto que hizo su urbanización, y otro profesional que tampoco es, dicen, letrado del bufete contratado. Ese informe, señalan, «busca con notorio descaro exonerar al Ayuntamiento».