La fiscalía se querella contra dos cargos de la Xunta por acoso inmobiliario en Ourense

Las «medidas de presión no legítimas» con las que la Xunta de Galicia ha intentado desalojar a la inquilina de un edificio público de Ourense, que lo ocupa desde el año 1963, han colocado a la secretaria xeral técnica y al subdirector de Patrimonio de la Consellería de Facenda, Socorro Martín y Jacobo Moure, como destinatarios de una querella que firma el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado. El representante del ministerio público aprecia en el proceder de la administración indicios de un delito de coacciones inmobiliarias.

Detalla la querella cómo en el edificio de avenida de La Habana, 1, en Ourense, una de las dos únicas viviendas habitadas la ocupaba hasta julio una mujer, Lucila Vázquez Campos, «de muy avanzada edad», que en verano sufrió una caída, rompió la cadera y desde entonces se ha visto obligada a abandonar su domicilio, sin ascensor desde enero del 2018. El acoso incluyó la «supresión de manera total del mantenimiento de todas las zonas comunes del edificio, dejando de realizar las limpiezas y reparaciones, no sustituyéndose el alumbrado y no realizando el mantenimiento de los servicios tales como el de ascensor». Intentaban los querellados, de ese modo, «presionar a los inquilinos para el desalojo». Sin portero automático y sin servicio de limpieza, la situación «a día de hoy se puede calificar como lamentable e insalubre».

El fiscal considera que los cargos de la Consellería de Facenda se han «extralimitado en sus funciones públicas» en sus acciones para lograr el desalojo, pues, como reconoce la querella, «los gastos de mantenimiento del edificio eran de un importe notablemente superior al importe e las rentas». La perjudicada por esta acción se subrogó el arrendamiento de la vivienda en enero de 1994, a raíz de la muerte de su esposo, Celso Vázquez Gulías, que en 1963 había suscrito el contrato con la entonces titular del inmueble, la Cámara de Comercio de Ourense. El edificio pasó posteriormente a la Xunta y en el 2012 fue cuando, como narra la querella, la administración trató de recuperar el edificio. La pretensión de la Xunta obedecía a que los dos altos cargos, a juicio del fiscal, «personalmente entendían intolerable» el desfase entre los 25,26 euros y 74,97 euros que pagaban los dos inquilinos y el coste real del mantenimiento.

El fiscal quiere se que cite como imputados a los dos cargos de Facenda y a los inquilinos de las dos viviendas, apuntando que se haga «de manera urgente» en el caso de Lucila Vázquez por su delicado estado. Quiere, además, que a efectos de responsabilidad civil se exiga a la Xunta que aporte como garantía 25.000 euros.

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