La administración activó los trámites para desalojar a los inquilinos en las mismas fechas del concurso para la rehabilitación en noviembre del 2017
22 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La querella de la Fiscalía contra dos cargos de la Xunta, a quienes señala como autores de un delito de coacciones inmobiliarias, trastoca el enfoque de la Xunta sobre el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana, en la plaza de Concepción Arenal y con entrada también por avenida de La Habana. Abre un nuevo capítulo, de imprevisible desenlace. Atrás quedan once meses de tira y afloja, notarios y burofaxes, sin que se hayan materializado los planes de la administración, que en noviembre del 2017 activó los mecanismos para acometer una rehabilitación integral, que no podía hacer en tanto no consiguiera que los dos inquilinos del edificio lo abandonaran.
El plan de rehabilitación de la Xunta de Galicia buscaba la creación de un edificio de oficinas, que permitiera trasladar otras dependencias y ahorrar en alquileres. La administración sabía que había dos inquilinos cuando el 20 de noviembre del 2017 publicó en el DOG la convocatoria del concurso para la redacción del proyecto. El «estado actual» lo señalaba sobre una imagen de la fachada. La secretaria xeral técnica, Socorro Martín, que es una de las dos personas contra quienes se ha querellado el fiscal al apreciar indicios de un delito de coacciones inmobiliarias, firmó el pliego de condiciones. Tan solo cuatro días después, por burofax, salieron de Santiago las comunicaciones en las que se indicaba a los inquilinos que la administración «pretende ter á súa disposición o inmoble que actualmente ocupa», para proponer a continuación, en un escueto escrito, «que nos indiquen as condicións baixo as que estaría disposto a abandonar o inmoble».
No hubo oferta, ni negociación, al menos en el caso de Lucila Vázquez, la anciana inquilina de una vivienda de la cuarta planta, la misma mujer que en marzo denunció ante la Fiscalía que se sentía coaccionada desde el 29 de enero, fecha en la que «se suprime, sin mediar aviso ni razón, el servicio de ascensor». Es a esta última acción a la que el fiscal jefe de Ourense ha concedido singular relevancia para razonar el acoso. El ascensor presentaba deficiencias «muy graves», que el representante del ministerio público ve como «fruto de la decisión de no realizar el mantenimiento del ascensor como medida de presión».
Desalojo y desahucio
En el afán por recuperar el edificio, cuando ya habían empezado a correr los plazos para que los arquitectos pudieran presentar sus propuestas a los planes de rehabilitación, la secretaria xeral activó otro mecanismo, según detalla el fiscal en su querella. Instó a la asesoría jurídica de la Xunta para lograr el lanzamiento de los dos vecinos, que entonces aún disponían del renqueante ascensor. La petición de la ahora querellada es del 27 de noviembre del 2017, cuando los inquilinos aún no habían recibido el burofax en el que se les preguntaba por las condiciones que estarían dispuestos a aceptar para abandonar el inmueble.
Enrarecido el escenario al haber sufrido una fractura de cadera la vecina del cuarto, de avanzada edad, el conflicto se ventila ahora en la jurisdicción ordinaria. Paraliza cualquier acción o proyecto futuro sobre el inmueble. El fiscal, sea cual fuere el desenlace, quiere que se tome declaración a la testigo «a la mayor urgencia posible» para que sirva como prueba preconstituida, en previsión de cualquier eventualidad, «dada su situación de muy avanzada edad y enfermedad».
Un presupuesto de 2,7 millones de euros para las obras en el sótano, bajo y seis plantas
El edificio, de 1961, «non tivo ningunha obra de reforma importante ao longo de todos estes anos», según advertía el pliego de prescripciones técnicas para la contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de rehabilitación del edificio. El plan, de acuerdo con la convocatoria de noviembre del 2017, era «darlle un uso administrativo á totalidade do inmoble, polo que sería preciso adaptalo á normativa técnica e urbanística vixente, e mellorar dunha forma considerable a eficiencia enerxética» de una construcción con sótano, bajo y seis alturas.
Las actuaciones previstas incluían la reordenación funcional de espacios interiores, con prioridad de espacios abiertos y flexibilidad, de modo que la redistribución no afecte a las instalaciones y potenciando, dice la convocatoria, la comunicación vertical del inmueble. La renovación incluye no solo la mejora del aspecto térmico, con la reducción de la demanda energética de calefacción y refrigeración, el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO2. El bajo coste de funcionamiento y mantenimiento es uno de los aspectos que figura entre los que se deben garantizar.
Sobre los ascensores, particularmente, dice la convocatoria que deberán cumplir la normativa de accesibilidad aparte de la específica para los elevadores. Igualmente, en el caso de existir más de uno, detalla que deberán estar dotados de mecanismos de maniobra selectiva que activen la llamada más próxima.
La propuesta de intervención arquitectónica incluye la actuación sobre un total de 2.165 metros cuadrados construidos.