La exedila de Ourense que llevó a Cabezas al banquillo: «Había presiones para que se mantuviera la exención del 10 % a los constructores»
OURENSE CIUDAD
La socialista Áurea Soto aseguró que acudió a la Justicia pese a haber pasado muchos años desde los hechos «para que no volvieran a ocurrir»
19 ene 2022 . Actualizado a las 18:32 h.«Tenía que hacerlo porque sabía que iba a volver a ocurrir». Así justificó la exedila socialista Áurea Soto ante el tribunal de la Audiencia provincial de Ourense, su decisión de denunciar ante los tribunales en el año 2014 lo que se conoce como caso del 10 %. Por ese asunto están siendo juzgados desde este lunes el exalcalde Manuel Cabezas y el exedil de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador, del PP, a los que se acusa de delitos de prevaricación y malversación. El origen de todo, la no exigencia de una décima parte del suelo a los constructores que ejecutaron quince proyectos urbanísticos en la ciudad entre 1997 y 2003.
«La cesión del 10 % del suelo era preceptiva en todas las obras, pero en Ourense no se hacía y esto se sabía en todas partes; lo que ocurría en la ciudad, las cosas que se escuchaban, eso no pasaba en otros sitios», dijo la exedila, que se hizo cargo de la cartera de urbanismo en el 2003. Recordó que en aquellos años en la urbe «había una burbuja inmobiliaria y todo el mundo hablaba de estas cosas» y aseguró que «había muchas presiones para que se siguiera manteniendo la exención a los promotores». Esto la animó, argumentó, a dar el paso ante los tribunales, a pesar de que ya habían transcurrido nueve años desde que el Consello de Contas le hubiera puesto una cifra al perjuicio económico sufrido a causa de la exención: 1,6 millones. «Cuando entré en la concejalía la situación era abrumadora; pregunté en los servicios jurídicos qué podíamos hacer con esto del 10 % y me dijeron que estaba prescrito», relató. Contó también que a su llegada al Concello de Ourense recibió la promesa del secretario de que se iba a empezar a reclamar a los promotores el porcentaje que correspondía al bien común. «Pero luego escuché por los pasillos que se había aprobado otro proyecto igual y pregunté. Así fue como salieron los quince expedientes que habían incumplido la legislación vigente», relató la exedila, arquitecta de profesión, que cree que si aquellos expedientes se avalaban con informes favorables, era porque «todo el mundo tenía miedo y entre los técnicos no había debate». «Mi obsesión no era Manuel Cabezas, sino terminar con esto, que no volviera a ocurrir», insistió Soto en su declaración.
Preguntada por el acuerdo plenario de 1994, en el que se dio luz verde a la exención a promotores y que las defensas usan como baza, dijo no saber en qué argumentos se había basado, pero sí advirtió que «había que haberlo revisado tras la ley de 1997». «Lo de Ourense era algo singular, no se hacía en ningún otro sitio de España», aseguró, dando a entender la particularidad de lo que se vivía en la ciudad en aquel tiempo. De esto último también quedó constancia al visionar la declaración que hizo durante la instrucción del caso Julio Díaz Salcedo, edil de urbanismo en 1994. «Pretendíamos facilitar la promoción de viviendas, que se construyera más a precios más bajos», dijo al justificar aquella medida que no se extendió a «ningún otro punto de España», tal y como le recordaba entonces el togado.
El «informe elefante»
En la tercera sesión del juicio se hizo referencia al informe del secretario municipal, Mariano Rodríguez, que recomendaba a la corporación no pedir la cesión a los constructores y que justificó el acuerdo plenario. «Lo llamábamos el 'informe elefante' porque era un buen tocho», explicó José Luis Rodríguez Cid, que lideraba entonces la cartera de Infraestructuras. Tanto él como los exediles Francisco Javier Rodríguez y Enrique Nóvoa insistieron en que en los plenos en los que se aprobaron los proyectos ahora cuestionados nunca se habló de posibles ilegalidades. «Todos tenían informes favorables del secretario, que era una autoridad en urbanismo», señalaron. Nunca vieron tampoco, afirmaron, las advertencias de ilegalidad que aparecían en aquellos dosieres.
El juicio, en el que se piden penas de hasta siete años de cárcel para los dos acusados y fuertes multas, terminará este jueves.