Cuando llegué a Ourense y descubrí las termas públicas, me maravilló que los ciudadanos pudiesen hacer uso de ese servicio de forma gratuita. A todas los amigos o familiares que venían a visitarme los llevaba allí. Muchos años después, las pozas cerraron por la pandemia, pero no volvieron a abrir cuando las restricciones empezaron a suavizarse porque en ese período entró en vigor una nueva ley que regula el aprovechamiento lúdico de los espacios termales. Esa normativa ha puesto patas arriba el atractivo turístico diferencial de la ciudad, que ha tenido que adaptarse a unos requisitos impensables para todos hasta hace muy poco. El objetivo era, en teoría, ofrecer un servicio de calidad y con garantías de higiene y seguridad, pero da la impresión de que los criterios seguidos para aplicar esta ley son un tanto arbitrarios. Si no, es difícil de explicar por qué el aforo máximo puede variar en función de quién da la orden.
El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, anunció ayer que ha ordenado ampliar el número de personas que pueden entrar en las tres únicas termas que están abiertas. Por ejemplo, en la poza donde antes cabían 18 usuarios, ahora podrá haber 25. Teniendo en cuenta que la guía publicada por la Xunta para ayudar a los concellos en la aplicación de la ley establecía un aforo de una persona por cada dos metros cuadrados. Según la Asociación Amigos das Termas, en esa poza concreta donde ahora se autorizarán 25 personas —que tiene 105 metros cuadrados— en realidad cabrían 52 usuarios. Si es posible tanta interpretación en una norma, parece claro que algo falla.