La empresa anuncia que «seguirá defendiendo en los tribunales la validez de la prórroga de su concesión»
14 mar 2019 . Actualizado a las 16:52 h.El Estado se ha allanado en las causas judiciales que reclaman la anulación de la concesión de Ence en Lourizán. En una comparecencia pública este mediodía, la teniente de alcalde de Pontevedra, la nacionalista Carme da Silva, manifestó su «moderada satisfacción» con la noticia, ya que entiende que con esta medida se reabre el camino judicial para conseguir la anulación de la concesión y, de esta forma, que Ence tenga que abandonar su actual ubicación en la ría de Pontevedra.
Da Silva explicó que la Abogacía del Estado esgrimió dos argumentos para allanarse ante el recurso del Concello de Pontevedra. Por un lado, se encuentra el período de la prórroga, que le fue otorgada a la pastera por 60 años en base a la última reforma de la Ley de Costas, mientras que la Abogacía del Estado entiende que el plazo máximo para una prórroga tiene que contarse desde el momento en que se otorgó la primera vez la concesión y que no puede exceder los 75 años. En el caso de la fábrica de Lourizán, la concesión data de 1958, por lo que como mucho, la prórroga solo podría haber llegado hasta el 2033. La otra razón del argumento de la Abogacía del Estado se basa en que Ence no ha justificado la necesidad de que su fábrica solo pueda ubicarse en dominio público marítimo terrestre para ejercer su actividad. Da Silva da por hecho que el cambio de actitud de la Abogacía del Estado implicará que el proceso judicial pueda llegar hasta el Supremo en casación, pero añadió que la decisión adoptada por el representante legal estatal sí mantiene vivas las posibilidades jurídicas de que Ence se vaya de Pontevedra en el futuro.
Por su parte, la pastera expresó esta mañana su rechazo «ante el inesperado cambio de criterio» de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, de allanarse el pasado viernes en los tres procedimientos que actualmente se llevan a cabo en la Audiencia Nacional y que solicitan la nulidad de la prórroga de la concesión del 20 de enero del 2016 otorgada por esta misma Administración estatal. La compañía aseguró que va a utilizar todas las vías jurídicas para defender la validez de esa prórroga, insistiendo en que el proceso de renovación «siguió escrupulosamente el procedimiento establecido por la Ley de Costas vigente, y que intereses de parte y acuerdos políticos quieren anular en contra de los derechos e intereses de sus trabajadores, proveedores, accionistas y de todo el sector forestal de noroeste de España».
La pastera considera que «la mencionada actuación de la Administración general del Estado es contraria al ordenamiento jurídico e implica un cambio arbitrario en el criterio que había venido manteniendo durante todo el procedimiento». Para Ence, esta actuación «solo puede ser explicada en clave electoral y supone una falta de respeto hacia los puestos de trabajo de miles de empleados, proveedores y del mundo rural, altamente dependiente de la actividad forestal de la empresa». En este sentido, desde la factoría recuerdan que el 30 % de las personas empleadas en el sector forestal en Galicia dependen de la actividad de Ence.
Para la compañía es «sorprendente» que Costas «dé argumentos contrarios a lo que ha ha defendido hasta la fecha en el último momento procesal, cuando hasta hace nada estaba defendiendo la absoluta legalidad de la orden ministerial que otorgó la prórroga de la concesión» de la fábrica en Lourizán.
Además, recalca las consecuencias que puede tener esta situación. «Si el allanamiento es aceptado en las sentencias de los tribunales podría provocar una fuerte destrucción de empleo en toda Galicia: de la biofábrica de Pontevedra dependen de forma directa e indirecta más de 5.100 familias». La planta de Lourizán dispone de una plantilla fija de 400 trabajadores, a los que se suman 2.700 de contratistas del área industrial, logística y del transporte (cada día entren en Ence 300 camiones y la fábrica supone la mitad del tráfico marítimo del puerto de Marín), así como más de 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia. Ence además aporta un 28 % del PIB de Pontevedra.
«El sector forestal del noroeste de España se verá muy afectado por una fuerte bajada de precios provocada por la caída de la mitad de la demanda, lo que afectará a las más de 200.000 familias productoras forestales».
Ence «quiere poner de manifiesto que su actividad empresarial constituye un ejemplo de contribución a la bioeconomía, la economía circular y la sostenibilidad». Insisten en que la actividad industrial se rige «por los más altos estándares de responsabilidad medioambiental y los parámetros de sus plantas mejoran ampliamente las normas y autorizaciones ambientales europeas y españolas».