La patronal lo aplica en Pontevedra, pero quiere dejar de hacerlo por no ser rentable
18 oct 2017 . Actualizado a las 13:13 h.Acudieron casi la mitad de los técnicos de emergencias sanitarias (TES) en activo de Bueu, Marín, Pontevedra, O Salnés, Caldas y A Estrada, y no hizo falta ni siquiera votación, según el representante de la CIG, Xavier Aboi. Los 68 profesionales que el lunes por la tarde asistieron a la reunión convocada por los sindicatos con representación entre los trabajadores de Ambulancias Pontevedra para estudiar qué medidas tomar ante el intento de la patronal de suspender el convenio estuvieron de acuerdo, asegura. De acuerdo y absolutamente en contra de la posibilidad de perder dinero y tiempo con la anulación del convenio.
Aboi advierte de que los únicos culpables de la situación que las empresas concesionarias califican ahora de insostenible son tanto ellas como la Xunta. Las primeras por presentar una baja temeraria al concurso en el que se adjudicaron los servicios tanto programados como de urgencias (que ostenta el 061), y la segunda por permitirlo y aceptarlas. Si el coste del servicio es superior al que reciben de la Consellería de Sanidade, las firmas deberían haber presentado propuestas más rentables, y el Ejecutivo haber rechazado las extremadamente bajas, critica el responsable sindical.
Las provincias de Pontevedra y A Coruña -a excepción de la zona de Ferrol- son las únicas en las que la concesionaria, Ambulancias Pontevedra aplica a rajatabla el convenio, pagando a sus empleados tanto el sueldo íntegro como las horas extras, y respetando las horas de descanso fijadas en el documento. Esto no ocurre, sin embargo, en la totalidad de Ourense y Lugo, donde los trabajadores no perciben la totalidad de sus horas extras y se ven forzados, lamenta Xavier Aboi, a trabajar más horas de las previstas. En total, según los cálculos del representante de la organización sindical, la plantilla lucense y ourensana está realizando guardias de veinticuatro horas seguidas para luego descansar 48, en lugar de 72, como figura en el documento legalmente aprobado por todas las partes implicadas. Además, están percibiendo alrededor de 5.000 euros menos de los que les corresponde, asegura.
Son dos concesiones que los técnicos de ambulancia no quieren hacer bajo ningún concepto. Por eso, y ante el riesgo de que la Xunta acabe cediendo finalmente a las presiones de las adjudicatarias del servicio para que les permita no aplicar el convenio, han decido ponerse en pie de guerra.
Lo intentarán por la vía negociadora, para la que han nombrado una comisión integrada por cuatro delegados de la CIG, uno de CC OO y uno de UGT. Pero también por la de las movilizaciones. Como la idea es hacer fuerza a través de demostraciones conjuntas de fuerza, no existe todavía un calendario detallado de actos de protesta, que se consensuará con el resto de delegados sindicales de las sedes de ambulancias.