La nueva ley dispara las denuncias por casos de perros que viven atados

Galicia, la tierra de la dispersión geográfica, es también la tierra en la que numerosísimos perros viven atados a una cadena o cuerda. ¿Quién no ha visto alguna vez un can amarrado y haciendo guardia permanentemente delante de un galpón, o incluso atado a un árbol o a algún bidón? Están por todas partes. Sin embargo, desde hace unos meses, y a tenor de la aprobación de la Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía en Galicia, esa práctica, la de tener confinado a un can a cadena perpetua, es ilegal y sancionable. Así que los colectivos que ya antes de la aprobación de la normativa perseguían estos casos -que suelen ir parejos a la dejadez a la hora de darle cuidados veterinarios al animal e incluso a veces se asocian con mala alimentación e higiene- ahora los denuncian con más ímpetu. Libera y la Fundación Franz Weber dieron ya parte de 21 casos de perros atados en la comarca de Pontevedra. Con fotos y datos precisos de cada uno, remitieron toda la información a Medio Ambiente.

Entre las denuncias de Libera hay casos de Marín, Pontevedra, Poio y Sanxenxo. También desde Os Palleiros están trabajando en el mismo sentido. La presidenta, Gloria Cubas, explicaba ayer que están pendientes de ver qué ocurre con un perro en Mourente, que está atado 24 horas y sin ningún lugar en el que resguardarse. En su caso, dieron aviso al Seprona, un servicio con el que colaboran estrechamente.

La práctica está tipificada como infracción grave, con sanciones de 501 a 5.000 euros

La ley de bienestar animal de Galicia habla de los perros atados con cadenas entre las prohibiciones genéricas. E indica lo siguiente: «Prohibida la utilización de cualquier mecanismo o utensilio que, destinado a limitar o impedir la movilidad de los animales, les produzcan dolor, daños, sufrimientos, menoscabo o estrés innecesarios, en especial los que les impidan mantener la cabeza en la posición natural, salvo prescripción veterinaria. En este sentido, se prohíbe mantener a los animales de la especie canina atados de forma permanente o limitarles los movimientos que son necesarios durante la mayor parte del día, así como el empleo de instrumentos o métodos dañinos de sujeción, retención o educación, como los collares eléctricos que produzcan descargas». Luego, se tipifica la práctica como una infracción grave y se señala que está penalizada con sanciones que van desde los 501 a os 5.000 euros.

Esa es la teoría. Pero los colectivos implicados en la defensa animal indican que la respuesta de la Administración con respecto a las denuncias que se están presentando es tímida. Indican que, de momento, lo que mejor está funcionando es darle visibilidad a estos casos para que los ciudadanos se vayan dando cuenta de que la práctica es ilegal. Dicen que hay reacciones sorprendentes: «Hai moita xente que mira para outro lado, que segue como se nada intentando dicir que non ten atado o can as 24 horas. Pero outras persoas melloran as condicións dos animais unha vez que se denuncia o caso, sen necesidade de ter unha sanción enriba», dice Rubén Pérez, de Libera.

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