El médico pontevedrés que cobraba por certificados de defunción, culpable de cohecho

López Penide / S.Barral LA VOZ PONTEVEDRA

PONTEVEDRA CIUDAD

El médico pontevedrés, durante una de las sesiones del juicio en la Audiencia Provincial
El médico pontevedrés, durante una de las sesiones del juicio en la Audiencia Provincial POOLJAVI CERVERA

Un jurado popular determinó la culpabilidad del doctor, para quien la Fiscalía pide  tres años y medio de cárcel y otros siete años y medio de inhabilitación profesional

09 jun 2021 . Actualizado a las 16:51 h.

Tras una larga deliberación que concluyó a última hora de la tarde de este jueves, un jurado popular ha estimado culpable de un delito de cohecho al médico pontevedrés de Atención Primaria acusado de cobrar por expedir certificados de defunción, un documento que es gratuito.. Ahora será la presidenta de la sección cuarta de la Audiencia Provincial la que imponga la pena de prisión en base a lo instando por la Fiscalía, que inicialmente pedía tres años y medio de cárcel y otros siete años y seis meses de inhabilitación profesional o para cualquier cargo público relacionado con el ejercicio de la medicina.

A lo largo de las dos sesiones del juicio prestaron testimonio en la sala de vistas de la Audiencia de Pontevedra familiares, responsables y empleados de distintas empresas funerarias de Pontevedra, Cotobade, Chantada o Mazaricos, que aseguraron que este médico les exigía pagar por expedir certificados de defunción. La pauta que se repetía en estos casos era que estos decesos eran por causas naturales y que se producían en días festivos o durante el fin de semana, cuando el acusado estaba trabajando de guardia en un PAC. Entonces el acusado acudía con el 061 a los domicilios, pero abandonaba pronto el lugar sin dejar ningún tipo de documento en la vivienda que acreditase el deceso, imposibilitando de ese modo que las funerarias pudieran manipular el cadáver. Para lograr este certificado el médico pedía a los agentes funerarios que se pasasen por su consulta para tramitar la documentación, por la que les exigía el pago de ciertas cantidades que, según declararon, oscilaban entre los 30 y los 100 euros.

El veredicto pone de manifiesto que los integrantes del tribunal popular no dieron validez a la declaración que el facultativo prestó en la primera sesión de la vista oral. El acusado había negado las imputaciones asegurando que como médico de urgencias está obligado a emitir una confirmación de exitus, pero no así certificados de defunción salvo casos excepcionales. Matizó que estos son los que debe firmar el médico de cabecera.

Su abogado, consideró entonces que no existían pruebas consistentes contra su cliente, al tiempo que dio a entender que eran los empleados de las funerarias los que realmente pedían ese dinero a los familiares de los fallecidos escudándose en que era el médico.

En el juicio prestó declaración un inspector médico, que tras recordar que los certificados de defunción son gratuitos, aseguró que tuvo acceso a audios en los que se escuchaba al facultativo que «concordaban con los hechos denunciados». Reconoció que se tramitaron bastantes quejas de pacientes en otros centros en los que estuvo adscrito -Anafáns, en Poio, y A Illa de Arousa, donde llegó a sumar 44 quejas en un solo mes-.

Por su parte, la directora asistencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, Sonia Fernández-Arruty, manifestó que el imputado, al ejercer como médico de guardia del Punto de Atención Continuada de A Parda, no solo está en condiciones de emitir un certificado de defunción, sino que «tiene obligación de hacerlo». Asimismo, añadió que de hecho «cualquier médico tiene capacidad de expedir» este documento siempre que se trate de una muerte natural.