El Concello de Pontevedra justifica la contratación de un detective para comprobar la baja médica de un funcionario
PONTEVEDRA CIUDAD
El gobierno local justifica el procedimiento como «ordinario pero non habitual», mientras la oposición pide explicaciones y los sindicatos denuncian «persecución aos traballadores»
01 feb 2023 . Actualizado a las 19:42 h.¿Es lícito que una administración pública contrate a un detective privado para seguir a un funcionario que está de baja médica? La concejala de Personal del Concello de Pontevedra, Carme Fouces (BNG), sostiene que es un procedimiento «ordinario pero non habitual». De hecho, en los casi cuatro años que lleva al frente del área, solo lo utilizó una vez, según trascendió ahora.
Fue en octubre del 2021 y el funcionario en cuestión, del servicio municipal de extinción de incendios, llevaba de baja ya varios meses. El Concello desconocía las causas de la incapacidad temporal, señaló Fouces, cuando a través e las redes sociales tuvieron conocimiento de que el trabajador municipal iba a participar como integrante de un grupo de death-metal en un concierto en Poio. «Descoñecíamos se era unha actividade compatible coa causa da baixa ou non, e consultamos coa Administración sanitaria», relató la concejala. Al no obtener respuesta a esta consulta, se optó, a instancias del director xeral de Recursos Humanos del Concello, contratar a «un servizo de vixilancia» para que certificase esa actividad del funcionario mientras estaba de baja.
El contrato supuso un desembolso de 363 euros para el Concello. «Cando temos sospeitas fundadas e evidentes de que algunha cousa funciona mal ou hai algún problema o que facemos é actuar —justificó este miércoles la concejala—. E temos que actuar porque temos un mandato da cidadanía que é dar conta do diñeiro público».
El informe del detective dio lugar a la apertura de un expediente al trabajador «por unha posible infracción de natureza disciplinaria de carácter grave». Solo cuando trascendió la causa de la baja temporal —«estrés», según la junta de personal del Concello—, se archivó el expediente. Había pasado ya varios meses.
Esa es la versión municipal. Los sindicatos enmarcan todo el asunto en una campaña de «acoso» y «persecución» del gobierno local a los trabajadores municipales «discrepantes». De hecho, son ya muchos años de ruptura de relaciones entre la junta de personal municipal y el gobierno local, hasta el punto de que los sindicatos llevan todo este mandato sin asistir a las mesas de negociación.
El presidente de la junta de personal, Héctor Santaló, aseguró este miércoles que la contratación del detective y la apertura del expediente no tenía otra finalidad que «asustar ou amedrentar aos traballadores por non comulgar coas imposicións deste goberno municipal».
El PP, en la oposición municipal, anunció que solicitará tener acceso al expediente que dio como resultado la contratación de un detective «para espiar a trabajadores municipales». Aunque la concejala del PP Pepa Pardo no cuestionó la legalidad del procedimiento, sí exigirá que el gobierno local «explique sus motivaciones».