«Un correo no certifica el contenido exacto enviado, no acredita su integridad ni genera un soporte técnico robusto en caso de controversia. Puede ser fácilmente impugnado», dicen desde la viguesa Legalpin
27 feb 2026 . Actualizado a las 09:41 h.En un mundo en el que la mayoría de nuestras comunicaciones se mueven por la red, ¿qué sucede cuando tenemos un imprevisto con un servicio y debemos hacer una reclamación? ¿Sirve igualmente como prueba un simple email que un correo electrónico con certificación? «Un email no certifica el contenido exacto enviado, no acredita su integridad ni genera un soporte técnico robusto en caso de controversia. Puede ser fácilmente impugnado». Así lo ve el equipo de Legalpin. Esta compañía viguesa trabaja en que un email se convierta precisamente en una prueba. Ellos ponen al servicio de sus clientes el llamado Buromail. Un sistema de correo certificado y cifrado. «La diferencia respecto a otros servicios del mercado es que no solo certificamos el envío y el contenido, sino que ciframos automáticamente el mensaje antes de su transmisión, reforzando el cumplimiento en materia de protección de datos. Además, nuestro modelo evita dobles envíos innecesarios al destinatario, lo que aumenta la eficacia práctica de la comunicación», profundizan.
Este sistema se usa principalmente en reclamaciones frente a compañías de transporte, aseguradoras o entidades financieras, «pero cada vez se utiliza más en situaciones personales sensibles». Esas situaciones son comunicaciones en procesos de divorcio relacionados con la custodia o el régimen de visitas de los hijos, comunicaciones con la empresa en caso de conflicto laboral, reclamaciones ante administraciones públicas, solicitudes para dar de baja servicios o comunicaciones relevantes, por ejemplo, con médicos. «En definitiva, cualquier situación en la que sea importante acreditar qué se dijo, cuándo se dijo y a quién se dijo», resumen desde la firma gallega.
En las últimas semanas, pero también en otros momentos, las incidencias de los usuarios con los medios de transporte son habituales. Desde reclamaciones por retrasos hasta el overbooking. «La necesidad de prueba no se limita a los retrasos, por ejemplo, en los trenes. Hablamos también de cancelaciones, pérdida de equipajes, cambios unilaterales en las condiciones de viaje o incumplimientos contractuales. Muchas reclamaciones fracasan no porque el ciudadano no tenga razón, sino porque no puede demostrar que reclamó en tiempo y forma o cuál fue exactamente el contenido de su reclamación», explican para poner sobre la mesa qué cambia si se tiene o no la comunicación certificada. «No es un simple email, sino una comunicación trazable ante terceros independientes».
¿Y si esta comunicación llega a los tribunales? El escenario también se presenta de otro color para el usuario. «El juez o el órgano arbitral no tiene que reconstruir los hechos a partir de capturas de pantalla o testimonios dispersos, sino que dispone de una prueba estructurada que vincula contenido, identidad del remitente y el momento exacto de la comunicación». Son herramientas digitales accesibles «con la misma robustez probatoria que un despacho especializado».
«Utilizarlas no es litigar por sistema, sino ejercer los derechos con criterio y previsión», remarcan.
La compañía
Legalpin es un proveedor de mensajería digital certificada que actúa como tercero de confianza en las comunicaciones electrónicas. «Estamos en un momento de consolidación y expansión estratégica. Somos gallegos y hemos logrado posicionarnos como una de las referencias de España en el envío de comunicaciones digitales certificadas», relatan.
¿Para quién es este servicio». Desde esta empresa viguesa apuntan a que puede ser usado por todos. «Durante años este tipo de servicios estaban prácticamente reservados a grandes empresas, pero estamos viendo un cambio estructural». Por ejemplo, con la nueva Ley Orgánica 1/2025, la prueba fehaciente previa a una reclamación judicial se ha vuelto determinante en muchos supuestos. «Nuestro momento actual es precisamente ese, consolidarnos como la infraestructura jurídica digital que permite a cualquier persona proteger sus comunicaciones sensibles con el mismo nivel de rigor que una gran compañía».
Su servicio se ofrece bajo la marca Buromail, que ofrecen por 36 euros al año -«el equivalente a un solo burofax tradicional»- y permite enviar 36 comunicaciones certificadas, ya sea por SMS o su propio email. «Se puede usar desde el correo habitual del usuario, sin instalaciones, sin integraciones y sin conocimientos técnicos. Se puede probar de forma gratuita desde nuestra web». Este equipo busca democratizar este proceso hasta ahora reservado prácticamente en exclusiva para las empresas.
¿Cómo funciona el SMS?
Un modelo de comunicación con menos uso, como los mensajes de texto, también puede funcionar como prueba. «El SMS certificado se utiliza cuando se necesita inmediatez y una alta tasa de apertura». ¿En qué casos? Legapin explica que son habituales en casos de avisos de impago, notificaciones laborales urgentes o comunicaciones breves pero relevantes. «En muchos casos, combinar un email cerfificado y un SMS certificado permite reforzar la prueba y aumentar la probabilidad de recepción efectiva».