Los municipios han venido asumiendo durante años competencias en materia social sin la correspondiente equivalencia en términos de financiación. Como son las Administraciones más cercanas al ciudadano, se les ha ido entregando, poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, responsabilidades que no estaban en el guion de partida. Este es un fenómeno generalizado y con una problemática que tiene diferentes grados, en función de la salud económica y del tamaño del municipio.
Todos los grupos políticos de cada corporación son perfectamente conocedores de esta realidad. Ha aumentado la pobreza como consecuencia de la crisis, y el galopante envejecimiento poblacional, un problema estructural y que viene de lejos, ha disparado la demanda de servicios.
A los gobiernos municipales se les pueden cuestionar muchas cosas, sin duda, pero hacer oposición política para desgastar al adversario con algunos asuntos de servicios sociales conociendo la realidad económica y competencial es una muestra más de que el fin justifica los medios, y de que se aprovecha de forma deshonesta y torticera el desconocimiento ciudadano sobre quiénes son realmente las Administraciones competentes para resolver algunos asuntos.
No es nada nuevo. Ocurre en todos los municipios, y cada uno lo ve diferente en función de que se siente en los bancos del gobierno o en los de la oposición. Así que nada, vamos a pedirle al Concello que construya autopistas, colegios e institutos, residencias de mayores y, de paso, si puede, que pague las pensiones de los jubilados, que cada vez son más.