El traspaso del maletín nuclear entre el presidente saliente y entrante de los Estados Unidos siempre se consideró un acto simbólico sobre la responsabilidad que conlleva el poder. Pero lejos de los delirios cinematográficos, el problema real se nos presenta en los niveles más cercanos, cuando unos concejales pueriles e infieles se dedican a azuzar a la calle desde las redes sociales -con mala información oficial mediante- contra los policías que defienden a la misma institución que les paga. Algunos deberían empezar a mirarse ese trauma argumental adquirido como pose ante las fuerzas de seguridad, porque es evidente que si nacieron más allá de 1970 y fueron buenos chicos no deberían saber lo que escuece una porra.
Los policías no dejan de ser funcionarios que cumplen con su cometido y también a ellos les gusta encontrar el reconocimiento de sus superiores. A veces se equivocan, y siempre tienen alguna oveja negra que vive instalada en el error, pero con carácter general andan con pies de plomo y aciertan.
Un alcalde, lo quiera o no, es también el jefe de la policía local, y en cierta medida tiene un código de honor con sus empleados, a los que debe mimar desde una posición responsable. Esa relación de lealtad se violó en Compostela en los nefastos años de los tejemanejes de Conde Roa, y sigue sin cicatrizar con el actual gobierno por sus intermitentes guiños a la parroquia antisistema. El último pisotón en el callo ha sido el apoyo de Martiño Noriega y Compostela Aberta a un vecino que va a ser juzgado por agredir a una agente durante una manifestación en Madrid en el 2014. El juez decidirá si los hechos fueron así o no, pero allí hubo 47 policías heridos. Así, de antemano, duele.