Las casas ruinosas se podrán expropiar por la mitad de su valor catastral

La Xunta envía al Parlamento la primera Lei de Rehabilitación de Galicia


Santiago / La Voz

Galicia ya cuenta con su primera Lei de Rehabilitación, con la que la Xunta pretende apuntalar uno de sus mantras urbanísticos de esta legislatura, que consiste en minimizar la huella de nuevas construcciones residenciales para darle prioridad a la recuperación de espacios y construcciones en los entornos urbanos y rurales. La normativa, que ahora inicia los trámites parlamentarios, facilitará los procesos de intervención en los cascos históricos y eliminará burocracia para aquellas propiedades que se encuentren en el ámbito del Camino de Santiago, salvo aquellos que sean bienes de interés cultural (BIC).

Según el presidente Feijoo, que avanzó aspectos del texto tras el Consello da Xunta, la Dirección Xeral de Patrimonio suele informar de unos 13.000 expedientes anuales, de los que solo 800 corresponden a BIC. Esos miles de trámites entre una y otra cifra quedarán exentos ahora del filtro autonómico. Estas condiciones se extenderán a los núcleos rurales y urbanos con algún tipo de protección, que también se verán beneficiados por la concesión de licencias directas por parte de los concellos, sin necesidad de contar con la autorización autonómica para trabajos específicos, como los cambios en las cubiertas o de las carpinterías exteriores, fachadas o todo lo que tenga que ver con el interior del inmueble.

La Lei de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbana -ese es su nombre completo- recoge la capacidad de la Xunta para expropiar viviendas en ruinas en cascos históricos. Tras las preceptivas advertencias y en caso de reincidencia, la Administración podrá hacerse con la propiedad por la mitad de su valor catastral. «Dicímolo desde o principio», advirtió Feijoo consciente del impacto que puede tener la medida. La futura normativa establece además un régimen sancionador específico para penalizar las pintadas en edificaciones históricas.

La norma tiene incidencia directa en dos ámbitos. Por un lado, en la rehabilitación estricta de edificios, y por otro, en la regeneración urbana. En el primer caso, pone el foco en la recuperación de edificios deteriorados que ya no cumplan los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad o habitabilidad. Y sigue apostando por las áreas de rehabilitación integral (ARI) como espacios de intervención en inmuebles comunitarios, incluyendo la urbanización de sus espacios públicos. El texto también vigila, y de algún modo facilita, las nuevas construcciones que sustituyan a inmuebles previamente demolidos.

Menos trabas

Uno de los objetivos genéricos será, según Feijoo, la agilización de trámites, la eliminación de trabas burocráticas y la mejora de la coordinación entre administraciones para que la parte pública se convierta en el menor obstáculo posible. Y para ejecutar con mayor efectividad esos desafíos se crearán las llamadas áreas Rexurbe, que seguirán el modelo impulsado en Vigo para la recuperación de su casco histórico y que se ha considerado una buena vía para responder con agilidad a la existencia de propiedades muy deterioradas.

Esas zonas, que se definirán a medida que se desarrolle la Lei, contarán con una oficina con trabajadores que coordinarán las actuaciones de rehabilitación y desde la que se gestionarán los fondos destinados a reformas integrales. Pero además de dinero, también contarán con herramientas jurídicas, ya que se abre la posibilidad de declarar la utilidad pública y la urgente ocupación en casos concretos de edificios en los que sea recomendable una intervención inmediata.

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