El bucle de las reprimendas administrativas por la gestión privada de la AP-9 sigue su curso. La empresa concesionaria de la primera autopista de Galicia, erigida en el verdadero eje vertebrador del país, ha recibido un nuevo varapalo a cuenta de los recientes atascos producidos durante el asfaltado del trazado que circunvala Santiago, entre los enlaces este y norte. Decenas de sufridos usuarios atrapados por las obras en la vía de pago tuvieron que proseguir viaje hasta Padrón y retornar por carretera. Además de pagar el desaguisado con su tiempo, no se libraron de abonar el peaje correspondiente al gestor de la autopista. La actuación de Audasa le ha valido el enésimo tirón de orejas, protagonizado esta vez por la valedora do pobo. Pero esta nueva reprobación pública no es más que otra constatación de la falta de recorrido práctico de estas inocuas regañinas: la concesionaria las colecciona de todos los colores sin que cesen los episodios que las provocan.
La realidad del asunto es mucho más cruel. Somos los maltratados usuarios los que también pagaremos las obras de ampliación de la AP-9, con una subida adicional de sus tarifas del 1 % durante 20 años. Está todo calculado: es el plazo necesario para que Audasa recupere la inversión. Esto sucede mientras Madrid echa el telón a otra representación del debate sobre el traspaso de la autopista a Galicia. De nuevo, el consenso parlamentario gallego choca contra una negativa anunciada. Porque los gobiernos de Zapatero y del propio Rajoy ya rechazaron antes la transferencia de un vial en el que el Ejecutivo de Aznar amplió hasta el 2048 la concesión que expiraba en el 2023. ¡Qué gran negocio!