Martiño Noriega llegó a la alcaldía hace dos años con el voto prestado de muchos compostelanos cabreados, jamás antisistema, que hoy asisten incrédulos [por emplear un calificativo suave] a un escenario posible de quiebra de confianza a todos los niveles: la suya propia en sus gobernantes, cosa que puede arreglarse cada cuatro años, como ya hicieron entonces para dar carpetazo a aquel trienio horrible del PP; la de las instituciones del Estado de derecho, que es el mejor que hasta ahora hemos conocido, en esos mismos gobernantes; la que debe regir la vida del Concello en la relación entre los grupos representativos de los ciudadanos, estén al mando o en la oposición; y la confianza que ha sabido transmitir al mundo la propia ciudad, la más delicada talla de cristal, trabajada con esmero a lo largo de 38 años de democracia municipal con la materia histórica del encuentro de culturas y de la convivencia. ¿Es que no ha habido antes en Santiago okupas pisoteando los más elementales derechos de las personas, propietarias o no? Y tanto que ha habido, y con escenas muy fuertes en los años 90. Lo que no ha habido nunca, hasta ahora, es un gobierno municipal que les diera alas frente a aquellos que ven sus legítimos derechos atacados y frente a aquellos otros que tienen encomendada la loable tarea de velar por ellos. Como alcalde de todos los compostelanos, Noriega no puede sembrar dudas ni moverse en la indefinición. Que Santiago se convierta el próximo sábado en la capital española de los revoltosos requiere una condena tajante y no delegar una decisión en Compostela Aberta. Porque esa capital nunca ha sido, es ni será Santiago.