De la polémica que tensó la impecable relación entre la Universidade y el Concello no va a quedar nada en los próximos días, si no se ha desvanecido del todo ya. En rigor, resulta excesivo hablar, como se ha hecho, de que se está «criminalizando» a la movida universitaria, como también a la hostelería nocturna, que está sufriendo en carne propia una situación que sobrepasa todos los límites de resistencia al quedar su actividad reducida casi a cero, porque la flexibilidad en la adaptación de licencias para abrir durante el día no se ha demostrado tan efectiva como se pretendía.
Lo que hay que «criminalizar» y, por tanto, sancionar hasta el escarmiento, son las conductas individuales irresponsables y reiteradas que se producen en los aledaños de la Universidade, fuera de las aulas, igual que se dan en cualquier escenario de la vida ciudadana. No se acusa al colectivo, sino a las individualidades. Así, es significativo que el cribado realizado estos días por el Sergas en residencias y colegios mayores universitarios apunte a una aceptable normalidad en los centros del sistema público, sujetos a los estrictos protocolos puestos en práctica por la USC, pero no entre los residentes de una institución privada de cuyo desfase puertas afuera quedó evidencia pública. Pasados los prolegómenos del curso, el furor festeiro de los universitarios irá a menos, y eso dará más resultado para prevenir los brotes estudiantiles que una política sancionadora de mano dura, necesaria y que debe quedarse. Porque no olvidemos que su respaldo legal es el de la normativa contra el ruido, un arraigado problema de convivencia que para muchísimos vecinos de Santiago es una insufrible epidemia.