El acusado de irse sin pagar un banquete en Teo solo admite una discrepancia en el precio
SANTIAGO CIUDAD
Niega en el juicio que estafara al restaurante San Martiño, que le reclama una deuda de 9.000 euros
04 feb 2022 . Actualizado a las 11:49 h.El juicio celebrado en Santiago por el simpa —expresión popular para irse sin pagar de un local— que denunció el restaurante San Martiño de Teo en el 2016 pivotará sobre dos cuestiones fundamentales: Cuántos invitados acudieron al banquete por el bautizo de una niña y si el acusado tenía intención o no desde el principio de irse sin pagar los 9.000 euros que los propietarios del local aseguran que todavía les debe.
El acusado, un hombre de nacionalidad rumana asentado desde hace tiempo en la comarca compostelana, afirmó que eran solo 60 o 70 personas, mientras que los dueños del conocido restaurante elevan esa cifra hasta las 200. La cuestión es primordial, ya que el procesado considera que con los 3.500 euros que abonó antes de la celebración del banquete pagó la cantidad a la que se había comprometido, mientras que los dueños del local defienden que ese dinero fue solo una entrega a cuenta, es decir, una entrada, pero que faltan otros 9.000 euros porque el montante total fue de 12.500.
Para demostrar que había 200 invitados, la acusación particular, que pide una pena de tres años de cárcel y el pago de los 9.000 euros, presentó fotografías y vídeos en los que se ve el salón en el que se celebró el evento, que claramente estaba preparado para más de 70 personas. El acusado, además, cayó en una importante contradicción al señalar que aquel 18 de mayo del 2016 reunió a unas 35 familias. A una media de cuatro personas por familia, la cifra se iría ya a 140 asistentes. Tampoco fue muy claro sobre cuántos niños había o si contaban o no como invitados y fue tan esquivo y difuso a la hora de aclarar qué menú se sirvió o la hora a la que iniciaron la cena que la jueza tuvo que intervenir para repreguntarle e intentar aclarar la vaga descripción de los hechos que hizo.
Los testigos presentados por la acusación, entre los que estaban el encargado y camareros del restaurante, dieron todos la misma versión. El grupo estaba formado por unos 200 invitados, llegaron sobre las 20 horas y se fueron entre las 3 y las 4 de aquella madrugada. Cenaron entremeses, merluza a la romana, churrasco de cerdo con criollos y tarta. El menú costaba 18 euros por persona, pero no estaban incluidos los licores, entre ellos, más de cien botellas de whisky de la marca Johnny Walker que tienen un precio de venta al público en el local de unos 30 euros cada una. Las que no se consumieron, aseguraron que quisieron llevárselas junto a la comida que sobró y que el personal del restaurante incluso les ayudó a meter los paquetes en los coches.
El problema llegó cuando tocaba pagar. El encargado relató que por varias veces conminó al acusado a hacer las cuentas y que este le dio largas y que finalmente les dijo que iban a buscar unos fuegos artificiales para tirarlos y con esa excusa aprovecharon para meterse en los coches y huir «escopeteados», señaló.
Sin embargo, lo que para la acusación particular fue claramente una estafa, para la defensa fue una mera «discrepancia sobre el precio» del banquete. Una disparidad que de lo visto en el juicio parece que provocó las botellas de whisky, vino y otros licores servidos. El acusado reconoció que el dueño del local le dijo al final de la celebración que tenían que echar cuentas, pero que él pensaba que serían 500 o 600 euros a mayores y que se comprometió a pasar otro día por el restaurante. Un fin mucho más pacífico que la desbandada que relatan los dueños del San Martiño. Curiosamente, en el banquete el padre de la bautizada reconoce que reunió entre 9.000 y 10.000 euros en metálico que regalaron los invitados y, sin embargo, prefirió no saldar cuentas en ese momento, una versión que no cuadra con la salida normal del local que él relata.
La Fiscalía ve claro que hay «una deuda», pero no un delito penal
La Fiscalía decidió no presentar acusación en este caso porque considera que no está probado que existiera un engaño urdido por el acusado para no pagar el banquete y que, por lo tanto, no se puede hablar de un delito penal, el de estafa, que exige este requisito para poder aplicarse. La representante del ministerio público, al finalizar el juicio, no decidió modificar esta postura, aunque sí consideró que había quedado probado «que no les pagaron [al San Martiño] lo que consumieron de más». En su opinión, lo que existe en este asunto es «una deuda» y considera que debe dirimirse en la vía civil. También estimó imposible que los invitados fuesen solo 70 y se inclina por hablar de 150.