El PP plantea un pacto de Estado para resolver las carencias detectadas en la ley de dependencia
SOCIEDAD
El PP propuso ayer un pacto de Estado para solucionar «las deficiencias» que presenta la ley de dependencia y garantizar tanto la financiación como la igualdad de los españoles ante los servicios que garantiza esta norma. Desde que se aprobó la ley de dependencia han surgido muchos problemas, sobre todo respecto a la financiación, ya que el Estado aporta un porcentaje mucho menor del que debería para cubrir las necesidades de la ley», aseguró Lourdes Méndez, portavoz popular de política social.
En los próximos días, el grupo popular registrará en el Congreso una proposición no de ley sobre esta cuestión.
La Administración aporta la mitad de la financiación y las comunidades autónomas el otro 50%, pero, según Méndez, «son los Gobiernos regionales los que están soportando el grueso de la subvención».
El Estado, una séptima parte
Según la diputada del PP, los casos más graves se producen en las prestaciones residenciales, ya que «el Gobierno solo está aportando un 14%, mientras que la comunidad y el propio usuario tienen que financiar el resto».
Esta deficiencia se debe, según Méndez, a que el desarrollo normativo de la ley no ha finalizado y no existe un decreto de copago que establezca criterios uniformes nacionales sobre la cantidad que tienen que pagar el Ejecutivo, las comunidades y el usuario para aplicar la prestación. Como consecuencia, «hay una desigualdad muy grande en las diferentes regiones del territorio».
A su juicio, la financiación no está asegurada en el tiempo porque «el tema presupuestario se ha dejado solo a los presupuestos anuales y así es muy difícil garantizar la sostenibilidad de la ley en un futuro».
Asimismo, añadió Méndez, el proceso hasta la recepción de la ayuda resulta muy complicado -hasta 32 pasos- y costoso (para las comunidades autónomas), ya que hay que valorar cada caso, hacer evaluaciones médicas y acreditar la situación patrimonial del usuario, entre otros requisitos.
Por otro lado, el sistema informático que regula la ley no está funcionando y «es un problema -subrayó la diputada popular- que incluso la propia ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha reconocido que tiene que solucionar».