Feijoo asume la necesidad de mejora y quiere reducir la gestión de 16 a 3 meses
21 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.«Hai procesos que necesitan mellorar e estar a altura dos galegos, e co recoñecemento da discapacidade temos que ser máis áxiles, non ten a rapidez que debería ter». El presidente Feijoo entonó el mea culpa antes de anunciar que su Gobierno se ha propuesto el «ambicioso obxectivo» de rebajar de 16 meses a 3 el tiempo de tramitación para establecer el grado de discapacidad de una persona.
Para ello, la Consellería de Política Social va a contar con la colaboración adicional del personal médico vinculado al departamento de Sanidade y al Sergas. Se trata de voluntarios que van a cobrar una gratificación en sus nóminas, de manera que se puedan alcanzar unas 1.500 valoraciones al mes, iniciativa que tendrá un coste de 360.000 euros para este ejercicio y el próximo.
Al acuerdo se suma también la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, que posibilitará técnicamente que los médicos del Sergas que vayan a participar en las valoraciones y los que ya están haciendo esa labor puedan acceder a los datos de la historia clínica a través de la aplicación informática Ianus. En esta plataforma figurarán todos los informes médicos que sustentan y justifican la posible situación de discapacidad alegada por el solicitante.
La idea del Gobierno gallego es eliminar cuanto antes la bolsa de expedientes pendientes y estabilizar el tiempo máximo de respuesta en los noventa días, para lo que se habilitan los recursos humanos sanitarios citados -«bastantes xa», según Feijoo- y se mejoran los medios técnicos, tanto para el personal encargado de los trámites como para los usuarios, para reducir así los desplazamientos innecesarios y fomentar la interactuación con la Administración. Por ejemplo, no será necesario presentar los informes de salud que ya figuran en el ámbito del sistema público de salud, ni tampoco habrá que asistir salvo excepciones a las oficinas de las secciones de valoración.
En los dos últimos años también se reforzaron los equipos de valoración y orientación (EVO) en Santiago, Pontevedra y Vigo, y se hizo una redistribución de las áreas geográficas de atención en la provincia de A Coruña. Esto propició una reasignación de los concellos vinculados a los centros de Santiago y Ferrol, reduciendo los desplazamientos de los solicitantes.
Refuerzos si es necesario
Antes de que acabe este año, la Xunta tiene previsto hacer una primera valoración del sistema que ahora se pone en marcha por si fuera necesario adoptar nuevas medidas de refuerzo que consistirían en la ampliación económica de la partida para incorporar a más médicos al proyecto hasta que se alcancen todos los objetivos.
En la actualidad, la Administración autonómica paga alguna prestación a cerca de 49.000 dependientes gallegos, lo que supone un 73 % de los solicitantes. El objetivo es alcanzar las 60.000 personas esta legislatura.
Cruz Roja se hace cargo del transporte adaptado para 52 estudiantes gallegos
La Consellería de Educación y Cruz Roja Española facilitarán el próximo curso el transporte adaptado a 52 alumnos con discapacidades. Para ello, el Gobierno gallego, que en su reunión semanal dio el visto bueno al convenio, habilita una partida de 180.000 euros para financiar el importe de los desplazamientos de ida y vuelta desde sus domicilios a los colegios, así como a los centros de rehabilitación cuando la cita coincida en horario escolar. El servicio, del que la Xunta se hace cargo del 80 % del coste, se adaptará a las necesidades horarias de los alumnos, muchas veces condicionadas por el tratamiento. En los vehículos podrán viajar los doce cuidadores que acompañan a aquellas personas que necesitan atención individualizada, continua y permanente.