Juan Carlos Sánchez peleó en el juzgado su derecho a votar, que ahora ha quedado blindado en la legislación
06 dic 2018 . Actualizado a las 17:18 h.Era domingo. Juan Carlos Sánchez cogió el DNI y se presentó en el colegio electoral. Se lo entregó al presidente de la mesa. Y este le contestó que no podía votar porque estaba incapacitado. Así que Sánchez -todo el mundo lo conoce como Sánchez- decidió que iba a recuperar su derecho a votar. Y pidió al juzgado que le cambiasen su incapacidad. «Hice trámites, me ayudaron en Aspas, Laura, Cristina. Después ya claro, fui al juez. Quería cambiar la incapacitación y pedir si me la ponían parcial». Lo consiguió, pero tuvo que pasar por un examen que genera una discriminación por razón de discapacidad. «Me hizo muchas preguntas», recuerda Sánchez. El juez le preguntó quién era el rey. Quién había sido Franco. En que año había muerto el dictador. «Y le respondí porque lo sabía».
Sánchez, que recuperó «a base de lucha» su derecho a votar en el año 2013, tuvo que pasar un examen en el que no hay un temario, ni preguntas concretas. Un examen al que no se somete al resto de la población, que adquiere automáticamente el derecho a escoger a sus representantes políticos en el momento en el que alcanza la mayoría de edad. Una prueba en la que, según explican en Fademga, han llegado a preguntar cuántos grupos de trabajo hay en el Congreso. «Yo solo sé que ahora mismo no hay salas suficientes con las comisiones que tienen», responde desde el otro lado de la mesa Javier García, gerente de Aspas, la asociación a la que pertenece Sánchez. «La sabiduría para votar a lo mejor no la tenemos ninguno», reflexiona.
Porque entre las preguntas de ese examen para dilucidar su capacidad para votar se han hecho por ejemplo, cómo y por quién se componen el Congreso y el Senado. Qué partidos son monárquicos y cuáles republicanos, qué tipo de política hace cada uno de los paridos, los tipos de elecciones y hasta cómo se llaman los países en los que no hay procesos electorales.
«Yo lo veo bien, que las personas con discapacidad intelectual pueden votar aunque no entiendan de política o no les interese». Para Sánchez, como para todos, es un triunfo el cambio legislativo que se ha aprobado en ese Congreso sobre el que le hacen preguntas a las personas con discapacidad intelectual mientras el resto adquiere el derecho a elegirlo por el mero hecho de cumplir años. Ese Congreso que les devuelve la capacidad de ejercer su derecho al voto. O no. Pero sí a tener la capacidad de decidirlo. Como todos. Sánchez va. Confiesa que a él, últimamente, la política no le genera mucho interés, pero que igualmente vota. «Antes no podía tomar mis decisiones y ahora sí puedo hacer todo prácticamente», explica. Todo, gracias al cambio en su incapacidad que peleó en los tribunales.
Hasta ahora, los procedimientos debían iniciarse de manera individual. En Aspas ha habido otro caso y también le fue devuelta la capacidad para votar. Una capacidad que durante años han ejercido de manera alegal. «No se habían cruzado los datos judiciales con los del censo» así que no se sabía si la persona que entregaba el carné en la mesa electoral, como aquel día que Sánchez recuerda con un matiz de indignación en la voz, estaba incapacitado para votar o no.
Ahora, en el plazo de un par de años, habrá que revisar las incapacitaciones que hasta ahora han pesado como una losa sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual, obligadas a adaptarse a una resolución judicial que no siempre se adaptaba a sus circunstancias.
«¿Y yo por qué no?». La frase que Mara le dijo a su familia quiebra por dentro. Su caso, que el Tribunal Constitucional no admitió, se ha convertido en un símbolo de la lucha de las personas con discapacidad intelectual para reconquistar sus derechos y libertades. Para acabar con incongruencias del sistema como que puedan ser cargos electos pero no puedan elegir cargos. Al otro lado del teléfono, Mar Caamaño, su madre, también celebra la aprobación parlamentaria, pero recuerda que en el Gobierno ya se había llevado un tirón de orejas a principios de año. España firmó en el 2008 la convención de la ONU que recogía el derecho fundamental de las personas con discapacidad intelectual a ejercer el voto. Han tenido que pasar diez años hasta que se ha hecho efectivo.
Mar Caamaño dice que seguirá adelante con la reclamación ante el Tribunal de Estrasburgo.
Una vez reconquistado el derecho al voto, ¿qué batalla se presenta? Fademga explica que se centrarán ahora en que los partidos políticos adapten sus materiales y tengan por ejemplo, el programa electoral en lectura fácil.
La batalla es la accesibilidad cognitiva, especialmente en el ámbito judicial. «Igual se da el caso de que una persona no se presenta porque no ha entendido que lo están notificando», explica Antonio Fuentetaja, gerente de Fademga. Se van dando pasos. Los letrados de un juicio por estafa de dos mujeres a una persona con discapacidad intelectual en Madrid pidieron que el fallo sea de lectura fácil y que haya una persona de apoyo que acompañe durante el proceso y traslade lo que ocurre a un lenguaje comprensible.
«Hay personas con discapacidad intelectual en prisión que no saben por qué están en prisión, no entienden mucho el concepto», dice Fuentetaja. «Hay una serie de lagunas en el marco judicial; estamos trabajando.