Investigación al delegado del Gobierno en Madrid por el 8M: ¿«absurdo jurídico» o un «problema» serio para él?

SOCIEDAD

Manifestacion del 8M en Madrid
Manifestacion del 8M en Madrid Luca Piergiovanni || EFE

Tres abogados penalistas discrepan sobre el futuro que puedan tener las diligencias previas abiertas contra José Manuel Franco

25 mar 2020 . Actualizado a las 20:36 h.

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias penales contra el delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa al haber permitido la celebración de las manifestaciones relacionadas con el Día de la Mujer, el 8M. Con todo, la propia jueza instructora que admitió a trámite la querella de un particular, reconoce tener «serias dudas» sobre la calificación del posible delito. Y tampoco entre los expertos penalistas parece haber acuerdo total sobre si la denuncia podría tener visos de prosperar, aunque predominan los augurios de que tendrá poco recorrido.

Un «absurdo jurídico»

Entre quienes opinan que el caso no tiene futuro está el penalista internacional Jorge Albertini, para quien la querella presentada es un «absurdo jurídico que lo único que busca es afán de protagonismo».

Este experto asegura que él mismo recibió la llamada de un particular que quería poner una querella por la celebración de las manifestaciones del 8M, algo a lo que se negó. Y es que en las fechas en las que se autorizaron y produjeron las manifestaciones, recuerda, no había ningún reglamento, decreto o disposición que vetase la realización de eventos. La denuncia admitida apela, sin embargo, a que existía desde el 2 de marzo una advertencia del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades sobre el riesgo de contagio por coronavirus.

«Desde mi punto de vista, si esta querella se ha presentado en base a recomendaciones, y no en base a un cuerpo jurídico formal y válido, está condenada al fracaso», opina Albertini, que muestra su extrañeza por que tras la denuncia no esté ningún partido político.

Este abogado recuerda que la apertura de diligencias previas «en ningún caso quiere decir que la denuncia prosperará», pero se extraña de que se hayan abierto al entender que es de «público conocimiento» que «ahí hay poco que investigar».

Albertini también se extraña de que un profesional haya presentado una denuncia conjunta contra todos los delegados del gobierno en las distintas comunidades autónomas (aunque el juzgado madrileño solo se ha declarado competente en lo que atañe al de Madrid), puesto que las denuncias han de ser «individualizadas».

Indicios «contundentes»: «El delegado del Gobierno está en un problema»

Visión completamente contraria defiende el abogado penalista gallega Joaquín Martínez Camacho, para quien José Manuel Franco «evidentemente debe ser investigado por prevaricación». Entiende que hay elementos indiciarios «más que contundentes» de que dictó una resolución «a sabiendas de que era injusta» al permitir las celebraciones «si ya tenía conocimiento este miembro del gobierno de que había una epidemia en ciernes», al permitir y al dar licencia de esa manifestación del día 8 de marzo, entiendo que sí debe ser investigado por prevaricación, evidentemente.

Martínez Camacho defiende que si la querella ha seguido su curso es porque hay «elementos indiciariso de que se ha cometido un delito», pues en caso contrario «sería archivada». Apunta, sin embargo que «una cosa es la investigación, y otra cosa es que luego en un juicio le lleguen a condenar». «Ahora bien, ¿que este señor puede haber prevaricado? Desde mi punto de vista sí», afirma tajante.

Por ello, este penalista gallego asegura que él si se haría cargo de presentar la querella en caso de que un grupo de personas con problemas derivados por el contagio del coronavirus se lo hubiese pedido. «Las consecuencias de las manifestaciones han sido demoledoras. La vicepresidenta Calvo ha dado positivo. La mujer de Pablo Iglesias -dice, por Irene Montero-, también. Lastra también. Todas participantes de esa manifestación. Entonces para mí no es disparatado en absoluto, y sí que va a tener que defenderse este señor ante esta investigación. El delegado del gobierno en Madrid,desde mi punto de vista, tiene un problema», opina.

Prevariación, «seguro que non»; lesiones imprudentes, «dificilmente»

Para el profesor de Derecho Penal de la UDC, José Antonio Ramos Vázquez, es previsible que la querella tenga «poco percorrido». Este experto descarta por completo que exista prevaricación porque la decisión de autorizar las manifestaciones «non é nin arbitraria nin inxusta». Señala que existiendo una recomendación de un organismo sanitario, ni prohibir ni autorizar los actos habría sido arbitrario: «ningunha das dúas resolucións tería sido prevaricación, nin permitilo por ser un dereito constitucional o de manifestación, nin prohibilo por razóns de saúde pública».

«Limitar dereitos constitucionais na vía pública por unha recomendación sanitaria é un caso de ponderación de dereitos», indica, y apunta a que si basándose en esa misma recomendación, el delegado del gobierno en Madrid hubiese prohibido el acto que Vox celebró en Vistalegre ese mismo fin de semana, su decisión hubiese sido llevada a los tribunales como un atentado al derecho de reunión o de libertad ideológica.

En cuanto al otro delito al que se podría enfrentar Franco, el de lesiones por imprudencia, Ramos Vázquez estima que «dificilmente» podría probarse. «Habería que determinar que a manifestación causou unha lesión concreta. Demostrar que unha determinada persoa colleu alí o virus, e non no Metro ou no supermercado. Podémolo supoñer pero é inviable probalo», argumenta.

Sobre el hecho de que haya llegado a abrirse investigación, este experto en Derecho Penal asegura que «o 99 %» de las denuncias llegan a la fase de diligencias previas porque «os xuíces de instrución teñen que facer un mínimo de indagación e arquivar de pleno é algo moi inusual». Y alerta de que en muchas ocasiones, «grupos que actúan por razóns ideolóxicas» presentan querellas que saben que no tendrán recorrido para garantizarse la repercusión cuando se abren diligencias. «Por que non ir entón contra a Liga de Fútbol Profesional por organizar esa xornada de Liga cos estadios cheos», apunta con ironía.